Magdalena Medio Santandereano - Movimiento de Víctimas de ...

muchos de los cuales debían desplazarse por segunda vez al Albergue de Campesinos
Damnificados por la Guerra Sucia del Magdalena Medio en Barrancabermeja. Entre los
tres últimos meses de 1992 y el primer bimestre de 1993, la Casa Campesina albergó a
130 campesinos de las veredas Tambo Redondo y La Colorada, de El Carmen, y
Pamplona y Guamales, de San Vicente, que se desplazaron acosados por los
hostigamientos y amenazas de los paramilitares de la zona, coadyuvados por la
complacencia y colaboración de la Brigada Móvil No. 2, que el 13 de julio de 1992
obligaron a NUEVE CAMPESINOS a patrullar delante de la tropa a través de un campo
minado. La Casa Campesina fue allanada ilegalmente por miembros del Batallón Luciano
D' Elhuyar, al mando del Teniente José de la Cruz Bustamante y otro de apellido Vanegas,
que además impidieron el ingreso de alimentos a los campesinos que ya tenían varios
meses de estar alojados allí. 196
El presidente de la ANUC-UR, ROBERTO GÓMEZ, quien denunció estos hechos junto
con OLIVA BAYONA, AVELINO DOMINGUEZ, OCTAVIO SIERRA y ROBERTO GOMEZ y
otros campesinos, que rindieron declaraciones en un Juzgado Penal Militar, fueron
amenazados por paramilitares del grupo los Masetos y efectivos de la Brigada Móvil No. 2.
Los trabajadores del campo que se refugiaban en la Casa Campesina al regresar a sus
veredas fueron visitados en sus casas por miembros de la Brigada Móvil No 2 y por
paramilitares, que los intimidaron conminándolos a abandonar la región. Además fueron
objeto por algún tiempo de múltiples amenazas y atropellos. Oliva, quien denunció que
uno de sus hijos, menor de edad fue obligado a prestarles servicios de patrullaje a los
Masetos y que algunas veces disparaban ráfagas de metralletas para asustar a la gente y
“ahuyentar a la guerrilla”, era seguida constantemente por el maseto Cruz Durán, quien un
día la citó a una tienda donde la esperaba Eduardo Carreño, un comandante alias “brazo
de perro” y otro comandante alias “Avispa” que de nuevo la amenazaron.
Oliva relató que frente a su casa se instaló una base paramilitar y que permanentemente
los amenazaban de muerte “para que se los comieran los chulos”, por trabajar en
derechos humanos. En los meses siguientes, Oliva y los demás campesinos tuvieron que
abandonar la región.
Los campesinos acudieron a la Procuraduría y a la Consejería Presidencial para los
Derechos Humanos para denunciar los hechos y solicitar al gobierno medidas urgentes de
protección a los campesinos. El entonces Consejero Presidencial para los Derechos
Humanos escribió a grupos humanitarios del exterior, afirmando que la Consejería estaba
en permanente contacto con la Personería local para protegerlos, asistencia que nunca
fue brindada.
En octubre de 1992, bajo las amenazas de muerte proferidas por los paramilitares,
Roberto Gómez, presidente de la Asociación Municipal de Usuarios Campesinos de San
Vicente de Chucurí, fue obligado a abandonar la región, así como los últimos directivos de
196 Asociación Municipal de Usuarios Campesinos de San Vicente de Chucurí AMUC. Bogotá, noviembre 4
de 1992.
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