Magdalena Medio Santandereano - Movimiento de Víctimas de ...

peligro... por poner la denuncia”. También afirmaron que mandarían la denuncia a la
Fiscalía de San Vicente de Chucurí.
Jairo relató que, “En la Fiscalía de Bucaramanga me recepcionaron la denuncia, en donde
yo poseía absoluta reserva de mi nombre y lo único que me dijeron en la fiscalía era que
tenía que callarme porque si no corría peligro mi vida por poner la denuncia...”
Todas estas violaciones a los derechos humanos ejecutadas por el ejército contra la
población campesina se hacían con el fin de presionar a los campesinos para que
negociaran sus tierras con un terrateniente de la zona llamado Carlos Higuero Escalante.
Ante esto, los campesinos eran obligados a abandonar sus fincas. El grupo paramilitar que
acompañaba a los efectivos del Batallón Luciano D' Elhuyar, era dirigido por alias
“Comandante Roque”, quien en la hacienda La Fe ubicada en la vía de San Vicente a La
Renta, a unos 70 minutos del casco urbano de San Vicente de Chucurí, ubicó su base de
operaciones.
El 6 de julio, llegaron a las veredas Corinto y Montebello cinco hombres armados y
uniformados que se identificaron como paramilitares y citaron a toda la comunidad a una
reunión para el 8 de julio en el sitio El Diamante. Una vez llegó la fecha, aproximadamente
15 hombres armados, con insignias del Batallón D' Elhuyar al mando de Ramón y Michael,
reunieron a los habitantes de las dos veredas para decirles que arreglaran el asunto de la
tierra con el doctor Carlos Higuero Escalante porque de lo contrario iban a tener
problemas y añadieron que no se confiaran en que el INCORA les iba a solucionar el
problema. Además, advirtieron que ellos ya sabían quienes había solicitado la presencia
del ejército, al igual que quienes habían presentado denuncias ante la fiscalía. Finalmente,
los amenazaron diciendo que apenas el ejército se retirara, vendría otra gente para ajustar
cuentas. Los militares se retiraron en dos camionetas, una de marca LUV de color rojo y
una de color amarillo de placas XK077 afiliada a COOTRANS Chucureña.
10 PUERTO PARRA
El caso de Puerto Parra, exactamente en la Inspección Campo Capote que se encuentra
bajo su jurisdicción, es el más significativo a partir de 1986. Fue precisamente en este
municipio donde se construyó un emporio paramilitar con total anuencia y patrocinio
militar, en particular con la colaboración de la XIV Brigada y su batallón de Infantería
Rafael Reyes (con sede en Cimitarra) y el Luciano D’ Elhuyar, que antes de 1988 estaba
adscrito a esta unidad y luego fue incluido dentro de la V Brigada. Otras bases de apoyo
para la consolidación del paramilitarismo en Puerto Parra, fueron las autoridades civiles,
como Gonzalo de Jesús Pérez, Alcalde de Puerto Parra elegido en 1988, además de otros
concejales del municipio e importantes políticos, entre los que se contó al parlamentario
Tiberio Villareal. También fueron apoyados logística y financieramente por los grupos
paramilitares de Puerto Boyacá que funcionaban bajo la fachada de ACDEGAM, siendo
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