Magdalena Medio Santandereano - Movimiento de Víctimas de ...

otros miembros de inteligencia militar, bajo las órdenes del Comandante del B-2 de la V
Brigada, el coronel Urbina Sánchez. El juez que inició la investigación y el Procurador
Regional que lo acompañó en esta búsqueda, fueron amenazados de muerte: el primero
optó por salir del país y el segundo por irse de la región.
En septiembre 22 de 1986, a raíz de un incidente en el cual Álvaro Garcés Parra y Jesús
Espitia, Tesorero Municipal, resultaron heridos, el suboficial Juan Moreno Rubio, orgánico
del Batallón Ricaurte les dijo en tono amenazante: "cuídense mucho”. Pocos meses
después, cuando estaba de Subcomandante del Batallón Ricaurte y de Comandante de
las Bases Militares Los Santos y Payoa, el mayor José Vicente Pérez Berrocal amenazo
públicamente de muerte a varios concejales de la Unión Patriótica de Sabana de Torres.
Uno de los amenazados era el concejal Francisco Hillera. Otro concejal, Hernando Ruiz,
ya había sufrido un atentado con un petardo que le había sido lanzado. En sus últimos viajes
a Bucaramanga, un campero Suzuki con placas IC-6898 seguía asiduamente al
alcalde Álvaro Garcés. Posteriormente, Álvaro Garcés Parra encontraría esa misma placa
IC-6898 en un carro Renault estacionado en el Comando de Policía de la capital
santandereana.
Los únicos implicados que eran del lugar donde se cometió el crimen fueron los miembros
de la policía de Sabana de Torres que se retiraron del lugar para facilitar la acción de los
criminales; sin embargo no fueron investigados. La SIJIN–F-2 de Bucaramanga emitió un
informe sobre las personas que murieron en los hechos, incluido el sicario, en el cual se
expresaba que el único que tenía antecedentes era Álvaro Garcés Parra. Al Mayor Oscar
de Jesús Echandía Sánchez y al Capitán Luis Orlando Ardila Orjuela, les dieron la baja
antes de que apareciera el fallo emitido por la Procuraduría. El Comandante del Batallón
Ricaurte, quien participó en la planeación del crimen, fue ascendido posteriormente. El
principal testigo que trabajaba para el Ejército, Gonzalo Ortega Parada, luego de que se
negará a participar en el operativo, fue amenazado y al parecer, planeaban asesinarlo o
desaparecerlo, pero él logró escaparse, en ese momento. Sin embargo, poco después fue
asesinado por orden del Comandante del Batallón Ricaurte (quien estaba implicado en el
crimen) y fue presentado como guerrillero del ELN muerto en combate. El Juez que inició
la investigación y el Procurador Regional que lo acompañó en esta búsqueda, fueron
amenazados de muerte, teniendo que abandonar la región.
Las investigaciones fueron orientadas a establecer la responsabilidad únicamente de dos
militares, pero no de sus superiores, ni de los demás miembros del S-2 del batallón
Ricaurte que también participaron del hecho. Sólo en 1999 (doce años después) se
vinculó en la investigación por el homicidio al Comandante del batallón Ricaurte. Pero,
pese a existir pruebas de su participación, la Fiscalía decretó cesación de procedimiento
en su favor poco después. La Justicia Penal Militar, exoneró de responsabilidad a los
militares implicados inicialmente, pese a la cantidad de pruebas recaudadas por ordinaria
y la Procuraduría. Aunque tanto el testimonio de Ortega Parada como el de Echandía
Sánchez, aportaban información sobre la estrecha relación entre miembros del batallón
Ricaurte, paramilitares y políticos, esto no fue investigado. La información solicitada por el
Juzgado 11 de Instrucción Criminal de Bucaramanga a la Brigada V y al Batallón Ricaurte
para ubicar a los militares implicados se demoró en ser entregada, impidiendo que fueran
indagados. En el caso hubo ruptura de la unidad procesal, pues algunos de los militares
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