MANEJO Y GESTION DE LA SEGURIDAD - Seguridad Ciudadana

Ambos procesos de selección, tanto la licitación
pública para la adquisi público, para la
confección de los uniformes, estuvieron caracterizados
por su transparencia y estricto
cumplimiento de las normas legales, propiciando
expresiones de admiración y sorpresa
entre los postores, quienes tan pronto
como se leían sus propuestas económicas y
las veían en el écran, preparado para tal fin,
y se presionaba la tecla “enter” aparecía el
resultado de cada ítem, sin demora y sin conversaciones
bajo la mesa; es decir, era un segundo
el tiempo que se requería para saber
quién o quiénes eran los ganadores, y a continuación,
algo inusual, aplaudían, ganadores
y perdedores.
Pero esa satisfacción de haber hecho las cosas
bien, con justicia, equidad, transparencia, etc.,
no duró mucho, o mejor dicho, no fue del
agrado de algunas personas, que al ver que
“su producto” no fue el ganador, empezaron
su campaña de desprestigio contra aquellos
miembros del Comité Especial, que no tuvo
ninguna injerencia en las especificaciones técnicas,
de acuerdo a la normatividad. El Comité
Especial recibe las especificaciones técnicas
y el valor referencial de la unidad usuaria,
en este caso, la Policía Nacional del Perú,
y su función es organizar y ejecutar el proceso
de adquisición, desde la preparación de las
Bases, absolución de consultas, evaluación de
observaciones, recepción de ofertas, calificación
de postores, evaluación de propuestas,
y, en general, todo acto necesario o conveniente,
hasta que la buena pro quede consentida o
administrativamente firme.
En esta campaña de desprestigio, cuyo objetivo
político era el ministro Fernando Rospigliosi,
colaboraron la Contraloría General de
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la República, a través de los funcionarios encargados
de realizar el Examen Especial a estos
procesos, y el Ministerio Público, que sin
haber realizado ningún tipo de investigación,
derivó todo el expediente al Poder Judicial,
donde todos los miembros del Comité Especial
están denunciados penalmente.
Lamentablemente, por ser un proceso sui géneris,
que prepublicó sus bases, lo cual es algo
excepcional, que tuvo un tratamiento especial
para las PYMES, con un sistema de calificación
especial, plasmado en el Decreto Supremo
Nº. 085-2002-PCM, reglamentario del
Decreto de Urgencia Nº. 042-2002 ya mencionado,
se presume que la evaluación y análisis
de los procedimientos no son tan fáciles de
entender si no se tiene un conocimiento profundo
de estas normas, lo que ha llevado a
que se emitan denuncias penales, tales como:
Que el Comité Especial otorgó la buena
pro a una empresa pese a haber quedado
sólo una oferta válida: No es correcta
la afirmación porque estos procesos
tenían la característica singular de dos
normas paralelas para cada ítem: el D.S.
012-2001-PCM (empresas regulares) y el
Decreto de Urgencia 042-2002 (empresas
PYMES). Ambas convergentes en un
solo ítem, pues los dos procesos se realizaron
bajo el sistema de ítems vinculados
entre sí. Como corolario de las evaluaciones
a las propuestas técnicas y económicas,
en el caso denunciado, quedaron
dos ofertas válidas para un solo
ítem, una por las empresas regulares y
otra por las PYMES.
Que el Comité Especial calificó a una
empresa las Constancias que acredita-