MANEJO Y GESTION DE LA SEGURIDAD - Seguridad Ciudadana

En el año 2003 se emite el Decreto Supremo
022-2003-JUS, reglamento para la ejecución y
supervisión de penas de prestación de servicios
a la comunidad y limitación de días libres
a cargo de las Municipalidades y la PNP.
El objetivo del decreto es controlar la ejecución
de las penas, usando como herramienta
el Convenio Interinstitucional entre Municipalidades
y Policía Nacional, en los lugares
donde el INPE no cuente con oficinas para la
ejecución de penas limitativas de derechos.
La ley que modifica la ejecución de las penas
comunitarias y el decreto supremo mencionado,
abren un espacio para que estas sanciones
sean cumplidas y supervisadas no sólo por la
Municipalidad y la Policía —esta última reacia
a ser entidad receptora porque siente perder
más recursos en la supervisión de las penas—,
sino también, por entidades privadas
donde se incluyen a las organizaciones civiles.
En Cajamarca, antes de la promulgación de
estas normas, las leyes comunales de las rondas
ya habían colocado a los sancionados
dentro de sus propias leyes culturales haciéndolos
trabajar al interior de ellas. La ronda
es una entidad privada no estatal, como también
lo son las juntas vecinales, las empresas
privadas, las organizaciones no gubernamentales
y las iglesias.
El Comité Local de Seguridad Ciudadana, de
reciente aparición, es una entidad pública
que también puede servir para llevar a cabo
las penas de prestación de servicios comunitarios
y hacer más sencilla su supervisión.
Urge el componente de creatividad en los
planes de seguridad.
En el distrito de Chilca, en Huancayo, el juzgado
de paz despacha también al interior de
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la comisaría. Sin el impulso institucional del
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana,
SINASEC, la alcaldesa Betti Chamorro Balbín,
la jueza Sylvia Dionisio Gómez y vecinos,
activos integrantes del comité, decidieron
trabajar juntos. La jueza sentencia, el trabajo
comunitario se realiza en el gobierno local
y los vecinos suplen la labor del INPE,
vigilando y corroborando que el penado
cumpla con su sentencia.
Las respuestas ciudadanas han sido exitosas
en estos lugares pero aún son aisladas.
Penas alternativas a la privación de la
libertad
Las penas de trabajo comunitario y de limitación
de días libres aparecen como alternativas
a la cárcel, especialmente benéficas para
infractores jóvenes o para quienes han cometido
un delito por primera vez.
En Granada, al sur de España, el juez Emilio
Calatayud es un abanderado de las penas alternativas
en caso de jóvenes infractores; y
sus sentencias, en donde se cometió un robo
a un cibercafé, la condena fue realizar el traslado
y vigilancia del equipo informático del
juzgado a una nueva sede; por la quema de
papeleras, condenado a trabajar dos fines de
semana con los bomberos; por atraco a un
anciano, condenado a servir comida durante
un mes en un centro de indigentes; por
pequeñas infracciones con ciclomotor, condenado
a un curso de seguridad vial; por destrozos
en vagones y vías, condenado a pintar
la estación. Esto hizo que la delincuencia
se reduzca en un 8%. Varios fueron también
condenados a sacar el graduado escolar, a
seguir cursos y se han convertido, luego, en
voluntarios.