MANEJO Y GESTION DE LA SEGURIDAD - Seguridad Ciudadana

truir la institucionalidad básica de la Dirección
de Migraciones y, al mismo tiempo,
combatir eficazmente la corrupción instalada
en ella desde siempre?
Tarea nada sencilla en una dependencia pública
relativamente olvidada del sector Interior.
Entregada usualmente a oficiales policiales
en retiro que rotan con rapidez y que,
por tradición, traen consigo a un numeroso
grupo de asesores externos que poco o nada
conocen de la compleja temática migratoria;
que funciona con un presupuesto ínfimo por
no decir ridículo (no llega a representar ni el
1% del total de recursos asignados al Ministerio
del Interior) a pesar de tener presencia
en todos los pasos fronterizos, puertos y aeropuertos
y de atender al público a través de
14 sedes distribuidas a nivel nacional; que
por la naturaleza de sus funciones requiere
especialización permanente de los oficiales
de migraciones y estar dotada de medios informáticos
con conexión en línea para el
oportuno manejo de la información y la toma
de decisiones, cosa que no se cumple en absoluto;
que no cuenta con mecanismos permanentes
de incremento y renovación de
personal que atiendan las crecientes obligaciones
de control tal como sucede con otras
instituciones similares.
Asumir la responsabilidad bajo estas carencias
y limitaciones estructurales que, como
si fuera poco, vienen acompañadas de una
persistente campaña de demolición interna
basada en la certeza burocrática de que los
2 No sólo desde dentro pues al iniciar mi primera gestión
reapareció la pretensión de anexar la Dirección
de Migraciones al Ministerio de Relaciones Exteriores
como si los problemas cambiaran por la ubicación
y no por la manera de hacer y resolver las tareas
y obligaciones de su competencia.
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Directores son pasajeros y que se muestra en
el boicot silencioso, en la difusión permanente
de anónimos insidiosos y en la práctica
corriente de lucha entre “clanes” al interior
que producen grandes flujos de información
falaz2 y que desorienta al más pintado, multiplicó
la necesidad de trazar una estrategia
consistente y basada en los propios recursos
institucionales.
Así las cosas decidimos incidir sobre las condiciones
reales en las que trabajan los oficiales
de migraciones cotidianamente en la certeza
que esa y no otra, es la mejor manera de
combatir la corrupción de modo permanente
y sostenible:
La base legal y normativa que sustenta
su trabajo.
La plataforma informática y de comunicaciones
que permita modernizar las
prácticas de intercambio de información
y de atención al usuario, nacional y extranjero.
La asignación presupuestal y la independencia
operativa.
En relación a lo primero, nos llamó la atención
que el DL Nº. 703, llamado Ley de Extranjería
que data del año 1991 no hubiera
sido reglamentado durante más de una década.
La falta de este instrumento legal derivó
en una multiplicada importancia del
TUPA (texto único de procedimientos que
regula requisitos y precios de cada uno de
los servicios que presta la Dirección) sobre
el que sÍ tienen injerencia directa los funcionarios.
El TUPA vigente era el del año 2000 y
contenía muchos requisitos ilegales algunos
de los cuales abrían paso a prácticas anticonstitucionales
y discriminatorias.