MANEJO Y GESTION DE LA SEGURIDAD - Seguridad Ciudadana

en el 2002 han chocado con una inactividad
estatal, suplida —como siempre
ocurre en nuestras sociedades informales—
por organizaciones sociales.
2. Las penas alternativas necesitan de
una entidad moderna. El INPE se desenvuelve
limitado por recursos y por
la falta de un proceso de reforma que
impide la aplicación inmediata de las
penas alternativas.
3. Los jueces están en la obligación de sancionar
todas las infracciones. Copiando
el ejemplo del juez Calatayud en España
y de otros tantos que emiten sentencias
similares en el Perú, las faltas y los delitos
menores deben ser sancionados y despejar
la sensación de impunidad.
4. Trabajar juntos no es necesariamente
trabajar físicamente pegados. La cercanía
de las entidades públicas debe simplificarse
usando técnicas de información
y comunicación.
5. Si no hay juzgados en las comisarías,
que las comisarías vayan a los juzgados.
Han pasado dos años y sólo se han
instalado dos juzgados en las comisarías.
Si la instalación de juzgados en comisarías
es difícil, existe la posibilidad de que
el detenido sea llevado a las instalaciones
del juzgado y que ahí funcione una
pequeña oficina de la comisaría para que
[54]
el detenido sea registrado en el parte
policial, y luego procesado.
6. Hay que motivar la denuncia de faltas. Las
faltas deben ser denunciadas, es imperativo
motivar en la ciudadanía la obligación
de denunciar faltas y delitos menores.
7. Publicidad. Extender el conocimiento
sobre penas alternativas como una opción
viable de sanción.
8. Más entidades receptoras. Debemos abrir
espacios en donde se cumplan las penas
alternativas. Todos, mediando la organización,
podemos ser entidades receptoras.
9. La función de la pena. Pasar por la cárcel
puede significar el anonimato del delito
y puntos para un currículo delictivo;
sin embargo, una sanción de servicio
comunitario, de carácter público y
de contacto con las personas agraviadas,
significa una compensación y la reivindicación
social del infractor.
10. La solución no es asunto exclusivo de
la norma. Las experiencias locales con
origen en los acuerdos institucionales y
el aporte privado, han probado que la
aplicación de políticas supera la estrategia
normativa. Urge un liderazgo en
la continuidad de políticas que desarrollen
eficientemente este eslabón de la
cadena represiva.