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162 Jav i e r Ma l a g ó n ba r c e l ó
II
Revisión de febrero de 1854
1. La Constitución de noviembre de 1844, de un gran valor
simbólico y que representaba un estimable esfuerzo para el
momento histórico en que fue redactada, tenía grandes defectos
en su aspecto formal y jurídico, resintiéndose de falta de
precisión, debida principalmente a la precipitación con que
fue confeccionada y a la presión ejercida por los miembros de
la Junta Central Gubernativa y especialmente por el general
Pedro Santana.
No sólo eran defectos de forma los que se criticaban, sino
que su fondo y contenido desagradaban a dos núcleos importantes
de la opinión pública: uno de gran influencia por su
misión espiritual, el clero, y otro, el grupo liberal que nunca
perdonó al general Santana la inclusión a viva fuerza del célebre
artículo 210.
El Clero había considerado una intromisión del Estado
en su organización interior, la existencia en la Constitución
de 1844, de los artículos 38, 94, 208, 211, que establecían el
régimen de las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado, y
en particular la extinción de capellanía, privilegios de fuero y
bienes eclesiásticos. La reunión del Sínodo diocesano en 1851
durante la presidencia de Báez, que quería mantener buenas
relaciones con la Iglesia, afirmó de una manera inequívoca,
cuál era el sentimiento general del clero dominicano respecto
del texto constitucional. El incidente más ruidoso fue el que
tuvo lugar en el Congreso, donde el general Santana apostrofó
violentamente al arzobispo Portes que quiso deportar, pero
habiendo jurado por fin dicho prelado la Constitución, lo que
le provocó una intensa melancolía y decaimiento que degeneró
en locura, volvió de su primitivo acuerdo, pero condenó al
destierro como instigadores a los presbíteros Elías Rodríguez,
Gaspar Hernández y José Santiago Díaz de Peña, por querer investir
al clero de derechos y atribuciones que eran de exclusivo
resorte de los poderes del Estado.