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56 Jav i e r Ma l a g ó n ba r c e l ó
La recepción del Derecho Romano, que había servido para
dar vida a la cultura jurídica y a la legislación misma, por otra
parte había venido, con el nacimiento de los «Estudios», a crear
una caterva numerosa de letrados incapaces y rezumando pedantería
y suficiencia por todos los poros de su cuerpo.
Los mismos Reyes Católicos tuvieron que poner límite, en
las Ordenanzas de Madrid (1499), a la baraúnda de citas que en
sus informes acumulaban pues «entregados los juristas, expone
Martínez Marina, exclusivamente al estudio del Código, Digesto y
Decretales y a los sumistas y comentadores Azón, Accursio, Enrique
el Ostiense, el Especulador, Juan Andrés, Bartolo, Baldo y el
Abad, cuyas citas, opiniones y decisiones resonaban con frecuencia
en los tribunales», contribuían a la prolijidad de los pleitos e
incertidumbre, censurada por los versos de Martínez de Burgos,
docto religioso del siglo x v: «¿Viene el pleyto a disputación? Allí
es Bartolo e Chirino, e Dijesto; Juan Andrés é Baldo, é Enrique,
do son más opiniones que uvas en cesto».
No debieron dar mucho resultado las medidas tomadas, pues
en las Leyes de Toro (1505), en su ley primera dispuso: «Y porque
somos agora informados que los que hicimos por estorvar la
prolixidad y muchedumbres de las opiniones de los doctores ha
traído mayor daño en inconveniente por ende… revocamos, casamos
y anulamos todo lo contenido en dicha ley […]» y termina
la disposición ordenando «que en los pleytos y causas solamente
se haga y guarde lo contenido en la dicha ley del señor rey don
Alfonso y esta nuestra».
Nuevas medidas se tomaron en diversas ocasiones, y es sólo
ya avanzada la segunda mitad del siglo xviii cuando en la ley
recobran el prestigio que durante tres siglos se les había no
solamente negado, sino que llegó casi a considerárseles como
un mal social. La propia literatura había destacado y atacado el
apogeo de la artimaña y la triquiñuela de los legistas. A modo
de ejemplo basta recordar a sólo dos, Quevedo y Góngora, de
los que pusieron en la picota a los picapleitos y malos abogados.
A Carlos III, el rey protector de los gitanos, se le debe la
Real Cédula del 17 de noviembre de 1765, en que pone fin a la