BoXH5

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 1957, determinan
que “todos los prisioneros deben tener el derecho a participar en
actividades culturales y educativas” (Principio 6).
En el campo específico de la educación de personas jóvenes y adultas, la
Recomendación sobre el Desarrollo de la Educación de Adultos, aprobada
en 1976 por la UNESCO, hace mención al derecho de los “prisioneros” a
la educación. Posteriormente, la Agenda para el Futuro de la Educación de
Adultos, resultado de la CONFINTEA V (1997), hace referencia específica
a la población encarcelada en el Tema 8, que trata del “Aprendizaje para
todos los adultos: los derechos y aspiraciones de los diferentes grupos”,
parágrafo 47:
Reconocer el derecho de los detenidos al aprendizaje:
a) informando a los prisioneros sobre las oportunidades de
enseñanza y de formación existentes en diversos niveles, y
permitiéndoles el acceso a ellas;
b) elaborando y poniendo en marcha, en las prisiones, amplios
programas de enseñanza, con la participación de los
prisioneros, a fin de responder a sus necesidades y
aspiraciones en materia de educación;
c) facilitando la acción de las organizaciones no
gubernamentales, de los profesores y de agentes educativos
en las prisiones, permitiendo así, a los detenidos, el acceso a
las instituciones educativas, estimulando las iniciativas que
tengan por finalidad conectar los cursos desarrollados en la
prisión con los ofrecidos fuera de ella.
Aprobado durante la CONFINTEA VI, realizada en Brasil en el 2009, el
Marco de Acción de Belém hace dos referencias específicas al derecho de
la educación de la población encarcelada: en el ítem 11(e) sobre
Alfabetización de adultos y en el ítem 15(g), sobre Participación, inclusión
y equidad, en el que consta el compromiso de “impartir educación de
adultos en los centros penitenciarios en todos los niveles apropiados”.
En el contexto regional de América Latina, la creación, en 2006, de la Red
Latinoamericana de Educación en Contextos de Encierro —RedLECE—
una red gubernamental constituida por once países de la región, buscó
fortalecer e institucionalizar las políticas públicas en ese campo,
concibiendo la educación en contextos de privación de libertad como un
derecho a lo largo de toda la vida. En esta instancia internacional se
considera a la educación para las personas privadas de libertad como un
derecho humano y no como un beneficio carcelario, destacando la
importancia de la articulación interministerial e interinstitucional en este
ámbito.
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