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7.1. Políticas públicas
Las políticas públicas de EPJA se refieren a las acciones y omisiones que
concitan la atención, interés o movilización de otros actores en la
sociedad, realizadas en el campo de la EPJA por los actores estatales.
Muestran los intereses de la fuerza política, particularmente la de los
gobernantes, y las consecuencias de sus actos.
El término inglés policy se deriva etimológicamente de la palabra griega
polis, que pasa al inglés moderno como policy para referirse a la
administración gubernamental o la conducción de los asuntos públicos. En
el caso particular de las lenguas romances, la traducción directa de policy
no tiene un significado preciso, lo que ha provocado que el término sea
traducido invariablemente como “política pública”, como un solo concepto.
La exportación del concepto anglosajón ha tenido varias limitantes en la
región latinoamericana, principalmente porque el Estado ha sido
considerado el principal agente de desarrollo, con un alto grado de
autonomía social, mientras que el corporativismo latinoamericano
mantiene una arena a menudo cerrada a los grupos menos organizados,
dando un gran énfasis al rol del Estado.
En los últimos veinte años las políticas públicas han tenido un gran auge
en el campo de la educación de personas jóvenes y adultas, y esto ha
resultado en la búsqueda de una mayor atención al campo a través de
balances críticos para trazar el estado del arte, recolección de
monografías de experiencias educativas, análisis históricos y demandas
específicas de acción. Uno de los principales desafíos que enfrentan estas
políticas en la región, es la superposición de espacios de decisiones que
confunden el análisis de las prácticas institucionales con las realizadas por
grupos de la sociedad civil.
El primer Informe Mundial de Aprendizaje y Educación de Adultos
(GRALE), menciona que la EPJA en la región América Latina y el Caribe,
ha ganado mayor visibilidad en materia legislativa. La mayoría de los
países han mejorado sus leyes y políticas respecto al derecho a la
educación gratuita, y a la diversidad cultural y lingüística (UIL, 2009).
Existe, sin embargo, la idea de que este derecho está destinado a la
población infantil, y esto se ve reflejado en los importantes avances
logrados durante las últimas décadas en el acceso a la educación básica
en la región, ya que los principales destinatarios fueron los niños y niñas
de entre 7 y 14 años, y se dejó fuera de las políticas a la población joven y
adulta.
Esta desatención pública para hacer de la EPJA una prioridad y un
compromiso, que se refleja en las agendas gubernamentales, ha sido
142 Aportes conceptuales de la educación de personas jóvenes y adultas