Desafíos desde la seguridad alimentaria - Oxfam Blogs

Desafíos desde la seguridad alimentaria y nutricional en Nicaragua
2012
pública, el apoyo de la cooperación externa es crucial para hacer efectiva la política planteada.
• Por su parte, los montos otorgados por la cooperación son frecuentemente limitados, insuficientes y de duración
variable, con bajo impacto en términos de reducción de la pobreza. En una tendencia declinante del volumen
de cooperación externa bilateral en apoyo al Presupuesto de la República, esto puede afectar a los más
pobres en Nicaragua.
• Finalmente, el hambre en Nicaragua tiene rostro de mujer. Ser mujer, cabeza de hogar y residir en áreas
rurales tiende a aumentar la vulnerabilidad nutricional del hogar. Todo esfuerzo que el país y sus instituciones
impulsen, debería apostar por incrementar la proporción de tierras en manos de mujeres rurales, tratando
de elevar al menos a tasas de entre 23 y 25% (equivalente de 413,472 hectáreas) en manos de jefatura
femenina. Esto impactaría directamente, reduciendo el coeficiente de GINI para las mujeres (entre 0.35 y
0.45) si se distribuyeran en los primeros 5 deciles de la población femenina, es decir, atender la posesión
femenina de entre 1 y 100 manzanas, confiriendo una meta orientadora a la aplicación de la Ley de Fondo de
Tierras actualmente vigente.
• Contando con la ventaja de un marco legal aceptable para impulsar acciones masivas y contundentes para
combatir el hambre en Nicaragua, hace falta un gran trecho para que la ley se concrete en acciones reales.
Estas deben ser multidimensionales, tanto en las dimensiones productivas, de la salud, y de la cultura
alimentaria, como multinivel, en los planos nacional, municipal y local.
• En todos estos ámbitos, de lo que se trata es de reasignar recursos para priorizar el combate al hambre, a la
subnutrición y a la desnutrición, como a la pobreza y a la humillación, y, a la vez, mejorar la capacidad del
país para captar mayor apoyo de la cooperación externa, sobre la base de programas sociales y productivos
enfocados tanto a la reducción de la pobreza y de la inseguridad alimentaria, como a la generación de mayor
empleo productivo y de los ingresos de la población pobre.
• No solo un mayor nivel de inversión social y productiva es requerido para apoyar mejores niveles de acceso a los
alimentos y de adecuada nutrición humana. Se necesita que los programas sociales sean mejor focalizados,
llegando a los segmentos de población en situación de pobreza y de pobreza extrema, principalmente en las
zonas rurales.
• Así como es necesaria una “reforma tributaria” para mejorar la capacidad del Gobierno de captar recursos,
hay que avanzar en una “reforma del gasto público” y en una reingeniería del sector público, de modo que
se priorice el gasto público de capital, especialmente en infraestructura social y productiva. De igual manera,
hay que retomar el proceso de descentralización municipal, y fortalecer la organización de las comunidades
en sus localidades, desarrollando capacidades endógenas de lucha contra el hambre y contra la malnutrición
en las localidades. La participación activa de los pobladores y de las comunidades en estas es clave para
que el apoyo público tenga mayor impacto. Sin estas bases, los avances legislativos de los que gozamos, no
tendrán una real oportunidad de hacerse realidad.
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