Desafíos desde la seguridad alimentaria - Oxfam Blogs

Desafíos desde la seguridad alimentaria y nutricional en Nicaragua
2012
El Bono Productivo Alimentario, BPA, es el instrumento
para capitalizar la economía campesina y organizar la
gestión y oferta de servicios nacionales y locales. Este
consiste en una dotación de bienes de capital para
proveer a las 75,000 familias campesinas de bienes
en especie por valor de US$2,000 para cada familia,
lo que incluye, además, capacitación, entrenamiento y
administración del bono por parte de la entidad ejecutora.
El Bono consta de los siguientes bienes: una vaca
preñada; una cerda preñada; cinco gallinas y un gallo;
material para construir porqueriza y gallinero; semillas
de hortalizas para el huerto familiar; plántulas o semillas
de árboles frutales, energéticos o de sombra; biodigestor
con sus accesorios y cocina; concentrado para cerdos
y bloque multinutricional para ganado vacuno; material
vegetativo y semillas para alimento animal. Además,
este paquete comprende apoyo a la organización,
capacitación en cooperativismo y entrenamiento en
alimentación, manejo y sanidad del ganado vacuno,
porcino y avícola, incluyendo el manejo de granjas
integradas y gestionadas bajo un sistema de reciclaje.
De acuerdo con González (2011), el avance del
programa a ese año había beneficiado a más de 70,000
familias con el Bono Alimentario, y a más de 85,000 con
el programa Usura Cero; había creado más de 1,500
huertos escolares, y conseguido merienda escolar para
900,000 niños (as); había atendido a más de 83,000
niños (as) menores de seis años en situación de riesgo
nutricional en 1,177 centros rurales; había entregado
75,000 títulos de propiedad, en especial a jefas de
hogar, y había abierto 1,500 centros de distribución para
aseguramiento de los precios de los alimentos básicos.
Entre otras acciones complementarias implementadas
por el Gobierno, que se suman a los logros en materia
alimentaria y nutricional, están el otorgamiento de un
subsidio directo a 146,000 trabajadores con bajos
salarios, denominado “Bono solidario”, y el subsidio
al transporte público urbano, que permite mantener la
tarifa a precios de 2000.
En materia de salud, se registró una atención prenatal
con cobertura al 87% de embarazadas del país;
seguimiento médico para el control del desarrollo al
85% de los niños menores de cinco años, así como
la protección especial a casi 15,000 niños, niñas y
adolescentes de los semáforos, y la atención solidaria
a discapacitados, a personas de la tercera edad que no
tiene jubilación, y a madres de héroes y mártires.
Efectividad distributiva de la
Política de Seguridad y Soberanía
Alimentaria
Mayor cobertura, pero poca
focalización
Evaluaciones independientes del programa Hambre
Cero, como las realizadas por IEEPP, indican que
el gobierno ha tratado de cumplir con las ambiciosas
metas de cobertura fijadas, aun a costa de desviarse de
la población objetivo de pequeños productores rurales.
De acuerdo con las cifras del MAGFOR y del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, la cantidad de familias
pendientes es superior a las cantidades alcanzadas entre
2007 y 2010. La meta final de cubrir a 100,000 familias
en el quinquenio 2007-2011, contra 75,000 inicialmente
previstas, se resolvió con un proceso acelerado de
entregas a fines de 2011, ampliando el sector meta inicial
de pobres rurales, a pobres y no pobres periurbanos y
urbanos. Esto llevó que se cubrieran al final a 70,000
beneficiarios al cerrar 2011, que representan 7% menos
que la meta original prevista, y 30% más que la meta
más ambiciosa establecida.
El programa adoleció, durante el quinquenio 2007-2011,
de problemas de subejecución de los fondos asignados
al Bono Productivo Alimentario, BPA. El menor nivel de
subejecución ocurrió en 2007 (5.7%). Para 2009 había
empeorado hasta el 49.1%, y en 2010 alcanzó el 37.5%,
a pesar de que cada vez se disminuyó la asignación
presupuestaria gubernamental. El fenómeno ha sido
más acentuado en los primeros nueve meses de cada
año (enero-septiembre), y luego se han observado
acciones forzadas y compras aceleradas entre octubre y
diciembre, con los consecuentes riesgos para la calidad
de la ejecución, y la necesidad de recurrir a compras de
emergencia.
Uno de los problemas asociados con la ejecución
del programa es su fuerte centralización en la unidad
ejecutora en el MAGFOR, que no quedó exenta de
señalamientos de “tortuguismo” y hasta de dudas sobre
el manejo transparente de los fondos.
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