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Por tanto, el derecho a la defensa es una de las garantías que entreotras, deberá ser respetada por el procedimiento de ejecución tributaria.Para su efectiva materialización, se hace necesario que el contribuyentepueda conocer de la acción coactiva que ha sido planteada en su contraa través de la citación. Se entenderá que el coactivado o quien lorepresente ha sido legalmente citado, cuando le hubiese sido entregadouna copia del auto de pago respectivo en persona, o en su defecto,mediante la fijación de tres boletas en su domicilio. Asimismo, debemosadvertir que la citación por la prensa será procedente única yexclusivamente cuando se trate de herederos o de personas cuyaindividualidad o residencia se desconozca, surtiendo ésta efecto, desde laúltima publicación efectuada.Cabe indicar que de acuerdo al Art. 248 del Código Tributario arahacer cesar las medidas cautelares que se ordenen en procedimientos deejecución o en el trámite de la acción contencioso-tributaria, deberáafianzarse las obligaciones tributarias por un valor que cubra el principal, losintereses causados hasta la fecha del afianzamiento y un 10% adicional porintereses a devengarse y costas.7.4. Orden de Embargo y Remate.-Según lo manifestado por Patiño Ledesma, la orden de embargoconstituye el presupuesto sobre el que se sustenta la actividad ejecutiva.75
Coincidimos totalmente con este criterio, toda vez que sin la aludida orden,resultaría imposible para la administración tributaria alcanzar el objetivopropuesto al iniciar este procedimiento, que no es otro, que el cobro de lostributos que los contribuyentes se hubiesen rehusado a pagar.El embargo en materia tributaria posee características peculiares. Unade ella es su carácter preferente frente a otros dictados por jueces dejurisdicciones distintas. Así lo ha establecido nuestro Código Tributario alseñalar: “El embargo o la práctica de medidas preventivas, decretadas porjueces ordinarios o especiales, no impedirá el embargo dispuesto por elejecutor en el procedimiento coactivo […]” 73 . De manera que, el embargoordenado por una administración tributaria no podrá cancelarse yprevalecerá sobre otros ya decretados. No sólo esto, siguiendo lo señaladopor Patiño Ledesma, el funcionario ejecutor deberá por mandato legal,tomar las medidas que estime necesarias para defender los intereses de laadministración. Entre estas medidas encontramos a las siguientes:Si conoce la existencia de créditos a favor delcoactivado, ordenará al deudor se abstenga depagar al ejecutado, conminándoles, bajoresponsabilidad solidaria, a que deposite el valor dela obligación en su despacho.Si el deudor tuviere bienes sobre los cuales pesanmedidas precautelatorias como secuestro,retención, prohibición de enajenar, oficiará al Juezque las dictó comunicándole que ha procedido alembargo de esos bienes, con el objeto que notifiquea los que las promovieron por sus derechos, para73 Código Tributario Ecuatoriano, artículo 172.76
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