Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) - La Moncloa

VIISubcomisión de Admón. Institucional• Sector Público en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.Las múltiples definiciones existentes en la normativa para delimitar el alcance del sector público aparecenuna vez más en la reciente Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestariay Sostenibilidad Financiera, que para evitar dudas interpretativas prefiere enumerar los entes a los quese extiende su ámbito de aplicación, diferenciando el sector denominado «Administraciones Públicas» eincluso remitiéndose a la definición del sector en el ámbito comunitario. De esta manera indica qué se hade entender por sector público:1. El sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeode Cuentas Nacionales y Regionales aprobado por el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo,de 25 de junio de 1996, que incluye los siguientes subsectores, igualmente definidos conforme adicho Sistema:a) Administración central, que comprende el Estado y los organismos de la administración central.b) Comunidades Autónomas.c) Corporaciones Locales.d) Administraciones de Seguridad Social.2162. El resto de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derechopúblico dependientes de las administraciones públicas, no incluidas en el apartado anterior, tendránasimismo consideración de sector público y quedarán sujetos a lo dispuesto en las normas de estaLey que específicamente se refieran a las mismas.En definitiva, existe una pluralidad de normas que, con vocación de generalidad, recogen de forma diferentela tipología de entidades que se consideran sector o administración pública, con distintas repercusionesen función de la normativa que contiene cada definición. La complejidad del panorama se incrementa sise tienen en cuenta otras figuras reguladas en el Derecho comunitario y que resultan de aplicación directa enel ordenamiento interno, como es el caso de las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial (AECT)o de las Agrupaciones Europeas de Interés Económico (AEIE), que cuentan con una regulación mucho másdetallada que la que tienen en España los consorcios, con los que guardan evidente semejanza.En la actualidad, el nuevo objetivo de estabilidad presupuestaria y, por lo tanto, la política de reduccióndel gasto público, sin olvidar los de simplificación y eficiencia, ha impulsado la reducción de entes públicos,que se ha materializado desde 2010 en tres Acuerdos sucesivos de Consejo de Ministros:1. El Acuerdo de 30 de abril de 2010, que afectó a 29 entes, todas ellas sociedades mercantiles: en14 casos se acordó su absorción o fusión; y en 15 casos su liquidación o disolución.2. El Acuerdo de 3 de junio de 2011, que afectó a 10 fundaciones: 6 perdieron su condición y en 4casos se acordó su disolución o extinción.3. El Acuerdo de 16 de marzo de 2012, por el que se aprueba el Plan de Reestructuración y Racionalizacióndel Sector Público, con un total de 80 procesos de supresión, desinversión o agilización enla liquidación, con extinción de 24 sociedades en las que el Estado cuenta con una participaciónque supera el 50%; y desinversión en otras 8 sociedades.Con una finalidad parecida, el 10 de octubre de 2012 el Gobierno remitió al Congreso de los Diputadosel Proyecto de Ley de creación de la CNMC, que ha finalizado su tramitación con la aprobación de la Ley3/2013, de 4 de junio. Este organismo se configura como organismo público de los previstos en la disposiciónadicional décima de la LOFAGE, y asume las funciones hasta ahora atribuidas a la Comisión Nacionalde la Energía, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Comisión Nacional de la Competencia,