Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) - La Moncloa

VIISubcomisión de Admón. InstitucionalDebido a este nuevo papel, la evolución de esta tendencia ha llevado a un punto en el que el objetivofundamental de la actividad estatal es el control y dirección de aquellas actividades esenciales para lacolectividad, de forma que se presten en las condiciones económicas y con la extensión adecuada a unfin unánimemente asumido: asegurar el mínimo vital a sus ciudadanos, para lo que la propiedad públicapuede ser un medio, pero no el único.Para la organización de estas posibles formas de intervención y la consecución de los fines que tienenencomendados, las Administraciones Públicas pueden dotarse de distintas formas, entre la que destaca,en especial en el ámbito de la actividad empresarial pública, el régimen de descentralización funcional.En el ordenamiento jurídico español, este doble planteamiento de las formas de intervenciónpública en la actividad económica, el de dirección y el de propiedad, es asumido formalmente,sobre todo, en la Ley General Presupuestaria, que aporta la clasifi cación más precisa disponible ensu artículo 3, concreta los entes que lo constituyen, al decir que: «El sector público empresarial estáintegrado por:1. Las entidades públicas empresariales.2. Las sociedades mercantiles estatales.3. Las entidades mencionadas en los párrafos g y h del apartado 1 del artículo anterior no incluidasen el Sector Público administrativo.»232Estas entidades a las que se refiere este último inciso son: «g) Las entidades estatales de derecho públicodistintas a las mencionadas en los párrafos b) y c) de este apartado. h) Los consorcios dotados depersonalidad jurídica propia a los que se refieren los artículos 6, apartado 5, de la Ley 30/1992, de 26de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento AdministrativoComún, y 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, cuando uno ovarios de los sujetos enumerados en este artículo hayan aportado mayoritariamente a los mismos dinero,bienes o industria, o se haya comprometido, en el momento de su constitución, a financiar mayoritariamentedicho ente y siempre que sus actos estén sujetos directa o indirectamente al poder de decisión deun órgano del Estado».Al contrario de lo que ocurre en el Sector Público administrativo, la peculiaridad en este otro sectores que los distintos tipos de entes que lo constituyen cuentan con una regulación diferenciada y con unosobjetivos y modos de actuar claramente distintos. En concreto, las entidades públicas empresariales estánreguladas, con carácter general, en la Ley 14/1997, de 26 de abril, de Funcionamiento y Organizaciónde la Administración General del Estado (LOFAGE), mientras que las sociedades mercantiles lo están en laLey 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, desarrollada medianteel Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre.De esta distinción y doble regulación se deriva que sólo las entidades públicas empresariales tienenla condición de organismo público tal como son definidos en la LOFAGE. El hecho de que esta ley permitaque estas entidades combinen actividad de autoridad con actividad empresarial ha sido objeto defrecuentes críticas, aduciéndose que esto genera confusión.Además de las dos leyes citadas, otras inciden en el funcionamiento del Sector Público empresarial,especialmente el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley General Presupuestaria,el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley de Incompatibilidades, la Ley de conflictos de interesesde los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la AGE, o las Leyes anuales de Presupuestos, asícomo diversas disposiciones de rango inferior, Instrucciones e incluso Acuerdos de Consejo de Ministrosdictados para homogeneizar su funcionamiento. Todo esto pone de relieve la existencia de una legislacióndispersa y anima al frecuente debate doctrinal sobre la posibilidad de reunir en un solo texto la normativaaplicable al Sector Público empresarial.