Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) - La Moncloa

VIISubcomisión de Admón. InstitucionalPuesto que la legislación vigente no aporta criterios inequívocos para justificar la idoneidad de unorganismo especializado, el análisis detallado de los existentes suministra datos e información de interésque puede ser usada para avalar el mantenimiento de estructuras de este tipo. De estos datos se desprendenunos posibles criterios que serían diferentes para cada uno de los tres tipos de entes que deben contarcon cierta flexibilidad, que se enumeran en el apartado de Conclusiones y Propuestas.Como regla general, se estima que la gestión de un servicio público a través de un ente con personificaciónjurídica propia es considerada como una garantía de especialización técnica de su personal, autonomíaorganizativa, agilidad en la gestión y, en resumen, mayor eficacia; y ello a pesar de la reducciónde personal que han experimentado la mayor parte de estos organismos en los últimos años.Sin embargo, esta forma de organización también puede conducir a abusos organizativos, a la defensade intereses corporativos o del sector y, en definitiva, puede dar lugar a que las posibles ventajas sedesvanezcan en la gestión diaria.Además, en otros casos, el servicio tiene tal coste que las presumibles ventajas se convierten en inconvenientesy obstáculos para la eficiencia. Con esta finalidad, se debe revisar el gasto de funcionamientode estos organismos, pues el coste de la gestión administrativa interna de muchos de ellos es con frecuenciaexcesivo.Respecto a los casos de coincidencia entre las actuaciones de organismos estatales y autonómicos, yaunque existen significativos casos de coincidencia en las denominaciones, no es tan frecuente como seha pensado que la actividad de unos y otros sea compartida. En los organismos autonómicos el componentegestor o ejecutivo es más habitual que en los organismos del Estado. En éstos, se conviene en lanecesidad de que desarrollen una actividad planificadora y coordinadora; aunque a veces la ausenciade medios en el territorio o la insuficiente especialización de sus empleados impide el pleno desarrollodel papel rector que deberían desempeñar. En estas circunstancias, la actividad subvencional de los organismosdel Estado tiene un papel significativo, lo que por otro lado con frecuencia da lugar a conflictoscompetenciales con las comunidades autónomas.221• Creación de organismos y relaciones de tutela ministerial y control político.La característica básica de los entes con personalidad jurídica propia es la autonomía organizativa yde gestión y, por lo tanto su autonomía respecto del Departamento ministerial de tutela o con el que serelaciona por razón de su actividad. Pero esta autonomía es la otra cara de su adscripción, a la que aludeel artículo 44.1. de la LOFAGE cuando recuerda que «los organismos públicos se ajustarán al principiode instrumentalidad respecto de los fines y objetivos que tengan específicamente asignados».Además, es de especial importancia evitar que esta forma de gestión pueda dar lugar a duplicidad deactividades entre el ente autónomo y los centros directivos del Departamento tutelar.En consecuencia, es esencial valorar el grado de autonomía y la forma de ejercicio de la tutela enla toma de decisiones, para poder concluir si debe intensificarse el sometimiento al responsable del Gobierno,o aumentar la flexibilidad, como elemento que garantiza la propia finalidad y la justificación delente. En este análisis, se han apreciado dos supuestos que ponen de relieve sendas situaciones de hechosignificativas: el de los entes que de alguna manera están vinculados con más de un Departamento o conotros entes (sería el caso de los institutos investigadores sectoriales formalmente adscritos al Ministerio deEconomía y Competitividad) y el de los entes que compatibilizan su actividad con la de la organizaciónministerial (como puede ser el caso del Instituto de la Mujer y la Dirección General para la Igualdad deOportunidades).En todo caso, la tutela ministerial se hace efectiva mediante diferentes instrumentos:1. La potestad del titular del Departamento de proponer al Consejo de Ministros el nombramiento delDirector o Presidente del organismo público. Esta es la fórmula tradicional, aunque con crecientesexcepciones como consecuencia de la reducción del rango del máximo responsable que, en mu-