Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) - La Moncloa

VIISubcomisión de Admón. Institucionalel Ministerio de Fomento y en unos grupos de trabajadores relativamente homogéneos. El coste totalde este personal supera los 2.150 millones de euros; destacando el de la Sociedad Estatal Correos yTelégrafos (1.364,94) y el de la Corporación de Radio y Televisión Española, S.A (378,55).B. PROPUESTASa) Modificación de la Regulación de los Entes del Sector Público Empresarial238La doble consideración de las entidades públicas empresariales que, teniendo naturaleza pública,pueden actuar en el mercado en régimen de Derecho privado, y el hecho de que el único requisitoactualmente exigible para la consideración de una entidad en este tipo sea la existencia de contraprestaciónpor sus servicios, exige una mayor claridad a fin de delimitar lo máximo posible esta figura queocupa una posición intermedia entre los entes del Derecho público y las sociedades mercantiles, puescon frecuencia surgen dudas sobre si esta posición jurídica intermedia es la adecuada para los finesde la intervención pública.Es cierto que el motivo de creación de estos entes es la opción por una forma más ágil de funcionamientofrente a la rigidez funcional que normalmente se reprocha al Derecho administrativo, pero, por esomismo, su creación requiere la máxima justificación, ya que cada uno de estos entes responde a una formaexcepcional de intervención en espacios en los que, en principio, debiera actuar la iniciativa privada.Esta falta de concreción se aprecia respecto de los dos tipos de entes del sector: las Entidades públicasempresariales, que pueden ejercer potestades públicas al actuar, al menos parcialmente, con sometimientoal Derecho público; y las sociedades mercantiles, que actúan íntegramente sometidas al Derechoprivado, y que se corresponden con objetos y formas diferentes:1. Los que tienen por objeto principal la producción, en régimen de libre mercado, de bienes y serviciosde interés público destinados al consumo individual o colectivo mediante contraprestación.2. Los que tienen por objeto la realización de actividades de promoción pública, prestacionales, de gestiónde servicios o de producción de bienes de interés público, sean o no susceptibles de contraprestación,sin actuar en régimen de libre mercado, de acuerdo con la planificación y dirección política.La necesaria concreción de las entidades públicas empresariales debiera abordar las peculiaridadesdel servicio público que prestan, las potestades públicas que pueden desempeñar, su régimen de financiacióne ingresos de derecho público y el hecho de que con frecuencia ejercen su actividad sobre bienes dedominio público. En definitiva, todos aquellos aspectos que sitúan a las entidades públicas empresarialesen una situación de superioridad jurídica respecto a los particulares. Y al aplicarse estos criterios, puedensuscitarse dudas sobre la idoneidad de esta forma para algunas entidades públicas empresariales.El desarrollo de las sociedades mercantiles plantea aún más dudas sobre su finalidad efectiva y sobrelos motivos por los que la Administración recurre a esta forma de gestión, pues pueden ser un instrumentopara actuar en un mercado ineficaz para la obtención de ingresos o para canalizar la inversión privada,pero también puede ser un mero ente instrumental al servicio de objetivos ministeriales y ajeno a la actividadcomercial, que debiera ser el objetivo básico de este tipo de entes. La heterogeneidad de posiblesobjetivos exige un completo análisis de verificación de que cada ente ajuste su actividad a su verdaderanaturaleza, a través de su objeto y buscando evidentemente un beneficio final.Las principales dudas se plantean en torno a las sociedades que han sido creadas por el Estado uorganismos de él dependientes con una finalidad meramente instrumental, de modo que su actividad estáorientada a satisfacer las necesidades de la Administración que las creó y no a actuar en un mercado librey en concurrencia con otras empresas similares.