VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

). Cuando concurran respecto del ofensor, además, alguna de las siguientes circunstancias
y/o antecedentes:
• Drogadicción.
• Alcoholismo.
• Una o más denuncias por violencia intrafamiliar.
• Condena previa por violencia intrafamiliar.
• Procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas
o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII, del Libro Segundo
del Código Penal o por infracción a la Ley N° 17.798 (Ley sobre Control de Armas
modificada por la Ley 20.014 de 13 de mayo de 2005).
• Antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten características de personalidad
violenta.
• Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada,
se trate de una persona con discapacidad o tenga una condición que la haga vulnerable.
Reiteramos que la redacción del artículo 7° de la Ley 20.066 podría dar pie a dos interpretaciones,
por una parte que se exija la concurrencia copulativa de dos requisitos (intimidación
de causar daño y algunas de las circunstancias que expresa, como la drogadicción) y
por otro, bastaría la concurrencia de uno de estos elementos para configurar la situación
de riesgo. A la luz de una interpretación teleológica y sistemática de la Ley, creemos que
bastaría una de ellas.
Siguiendo esta postura, si están presente algunas de las condiciones de la presunción antes
señalada, el juez con el sólo mérito de la denuncia/demanda deberá adoptar las medidas de
protección o cautelares que corresponda, aun cuando el maltrato constitutivo de violencia
intrafamiliar, aún no se haya materializado.
Ahora bien, el punto a dilucidar es quién(es) y cómo se determina si la víctima se encuentra
efectivamente en una situación de riesgo inminente. Dicho de otro modo, qué procedimientos
y criterios se utilizan para evaluar la situación de riesgo y quiénes los aplican.
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