VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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EL FENÓMENO DE LA VIOLENCIA: SU IMPACTO EN EL SISTEMA JUDICIAL Por otra parte, hay algunas jurisdicciones que mantienen una baja proporción de casos en que se califican los hechos denunciados como delito, tales como en Punta Arenas que sostenidamente muestra índices de incompetencia menores a 3% desde el inicio de la reforma. Ello muestra no sólo la diferencia de criterios entre jueces de familia para calificar el maltrato habitual, sino también el impacto final en la carga de trabajo que puedan tener los casos de violencia. Es posible que los casos sean remitidos a los tribunales mucho antes de la audiencia preliminar de juicio y con el mero examen de sus primeros antecedentes. Ahora bien, el sistema de registro de información estadístico de la Corporación Administrativa del Poder Judicial es deficitario. Como se aprecia en la Tabla 8, no hay claridad en la forma de registrar la información acerca de cómo terminan los casos, y de hecho, ésta contempla formas de término que no están especificadas en la Ley 20.066, tales como la transacción, el avenimiento y la conciliación. A su vez, algunas categorías parecen estar subsumidas en otras, lo cual da lugar a la generación de información de escasa fiabilidad. Es particularmente problemático que no haya registro específico para las suspensiones condicionales de la dictación de la sentencia que contempla la ley 114 . Ello no permite conocer el número de causas de violencia intrafamiliar que terminan por esta salida alternativa. Un estudio anterior da cuenta que ésta sería la principal forma de poner término al conflicto. 115 Hay evidencia anecdótica en el mismo sentido. 116 . Los registros de la Corporación Administrativa del Poder Judicial tampoco permiten determinar el tipo de sentencia dictada, absolutoria o condenatoria, pues sólo se consigna las causas terminadas por “sentencias definitivas” sin especificar su naturaleza. 117 Nótese que en la Tabla Nº 8 en el 2007 se registra “sentencia de término”. Al igual que los casos terminados en sede penal hay términos judiciales. En materia de familia, la sentencia y otras formas de resolución de carácter jurisdiccional en que el tribunal haya conocido los antecedentes y haya dictado resolución directa sobre el conflicto alcanza apenas la mitad de los casos, aún bajo la hipótesis que hay sentencias. Podemos sostener que las categorías “no dar curso a la demanda”, “desistimiento”, “abandono” y “retiro” resultan gravitantes en el análisis sobre el impacto final de la carga de trabajo en violencia. El detalle del comportamiento de los términos puede observarse en las tablas 8a, 8b, 8c y 8d por cada año. Ellas muestran que, dependiendo del año y los tribunales, no dar curso a la demanda puede significar que la mitad, menos de la mitad, un tercio de los casos no siguen 114 Al analizar los datos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial la categoría de suspensión condicional de la sentencia no está especificada. 115 Casas, Armisen, Dides et. al. pp. 39-40. 116 Informe Anual de Derechos Humanos 2009, Op. Cit. 117 De acuerdo a las conversaciones sostenidas por una de las autoras y jueces de familia en el marco de cursos de capacitación de la Academia Judicial, ellos consideran que las resoluciones que decretan la suspensión condicional de la dictación de sentencia son sentencias definitivas, algunos que serían interlocutoras y otros señalan que este mecanismo se aviene más bien con la idea de una conciliación o avenimiento. 55
VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 56 como sucedió en el año 2006 en los tribunales correspondientes a las Cortes de Temuco, Rancagua y Concepción con un 57,8%, 43,9% y 34,8% respectivamente. Los porcentajes siguen siendo relevantes en el año 2007 en esos tribunales.
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LIDIA CASAS B. FRANCISCA RIVEROS W.
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