VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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aprobará la suspensión condicional del procedimiento e impondrá como condición, al menos,
alguna de las medidas accesorias del artículo 9 de la Ley 20.066, además de aquellas
contempladas en el art. 238 del Código Procesal Penal, tales como, residir o no residir en un
lugar determinado; abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas, someterse
a un tratamiento médico, psicológico o de otra naturaleza, entre otras 70 .
Finalmente, la Ley 20.066 también contempla la aplicación de medidas accesorias en sede
penal y se remite a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 20.066 para actos de violencia
intrafamiliar conocidos por jueces de familia, es decir, hechos no constitutivos de delitos. El
juez de garantía establecerá el plazo de duración de estas medidas, entre 6 meses y 2 años,
las que podrán ser prorrogadas a petición de la víctima si las circunstancias así lo ameritan 71 .
Cabe señalar que días antes que entrara en vigencia la Ley 20.066, el Fiscal Nacional de
la época, Guillermo Piedrabuena, a través del Oficio 551 del 29 de septiembre de 2005,
definió parámetros iniciales para intervenir en los casos de violencia intrafamiliar. En dicho
documento se señala que los fiscales no pueden realizar ningún tipo de actuación ante los
tribunales de familia, ni siquiera para efectos de solicitar medidas de protección. Allí se
reconoce la utilidad de la evaluación de riesgo incluso, se propone analizar la factibilidad
de aplicar esta institución a otros delitos 72 .
Por otra parte, este documento establece que la calificación de los delitos, según se encuentren
o no dentro de lo que se denomina “contexto VIF”, constituye uno de los ejes centrales de la
intervención del Ministerio Público. Uno de los criterios que se utiliza, de acuerdo al referido
instructivo, para establecer frente a un delito en el contexto de VIF es revisión del Registro
70 Artículo 238.- Condiciones por cumplir decretada la suspensión condicional del procedimiento. El juez de
garantía dispondrá, según correspondiere, que durante el período de suspensión, el imputado esté sujeto al
cumplimiento de una o más de las siguientes condiciones:
a) Residir o no residir en un lugar determinado;
b) Abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas;
c) Someterse a un tratamiento médico, psicológico o de otra naturaleza;
d) Tener o ejercer un trabajo, oficio, profesión o empleo, o asistir a algún programa educacional o de capacitación;
e) Pagar una determinada suma, a título de indemnización de perjuicios, a favor de la víctima o garantizar debidamente
su pago. Se podrá autorizar el pago en cuotas o dentro de un determinado plazo, el que en ningún
caso podrá exceder el período de suspensión del procedimiento;
f) Acudir periódicamente ante el ministerio público y, en su caso, acreditar el cumplimiento de las demás condiciones
impuestas;
g) Fijar domicilio e informar al ministerio público de cualquier cambio del mismo, y
h) Otra condición que resulte adecuada en consideración con las circunstancias del caso concreto de que se
tratare y fuere propuesta, fundadamente, por el Ministerio Público.
Durante el período de suspensión y oyendo en una audiencia a todos los intervinientes que concurrieren a ella,
el juez podrá modificar una o más de las condiciones impuestas.
71 Artículo 16.- Medidas accesorias. Las medidas accesorias que establece el artículo 9º serán aplicadas por
los tribunales con competencia en lo penal, cuando el delito constituya un acto de violencia intrafamiliar, sin
perjuicio de las sanciones principales y accesorias que correspondan al delito de que se trate. El tribunal fijará
prudencialmente el plazo de esas medidas, que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a dos años, atendidas
las circunstancias que las justifiquen. Dichas medidas podrán ser prorrogadas, a petición de la víctima, si
se mantienen los hechos que las justificaron. En el caso de la letra d) del artículo 9º, la duración de la medida
será fijada, y podrá prorrogarse, tomando en consideración los antecedentes proporcionados por la institución
respectiva.
72 Fiscalía Nacional del Ministerio Público, Oficio 551 Formula Comentarios e imparte instrucciones sobre la Ley
20.066, 29 de septiembre de 2005. En: visitado el 6 de enero de 2010.