VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MARCO TEÓRICO
una justicia más especializada 25 . Fue posible constatar las fricciones entre operadores del
sistema por el manejo de los casos, que iban y volvían entre una sede y otra, incluso con
contiendas de competencia. En resumen, muy tempranamente desde la entrada en vigencia
de la Ley 20.066 se produjo el fenómeno de lo que hemos denominado “este caso no es mío” 26 .
La situación descrita anterioriomente, se aborda en la reciente modificación introducida con
la ley 20.480, que prescribe que habiendo una contienda de competencia entre un juez de
familia y el Ministerio Público o un juez de garantía, el juez de familia podrá adoptar medidas
cautelares que fueran procedentes 27 manteniendo una obligación de cautela respecto de
las y los agraviados.
La Ley 20.066, cambia la orientación psicoterapéutica e introduce importantes elementos
de interpretación sobre el manejo y judicialización de los casos de violencia intrafamiliar
buscando evitar algunos de los problemas que se habían detectado en el pasado. No existe
posibilidad de alcanzar acuerdos en sede penal, pues la propia ley los prohíbe 28 , y permite
que existan soluciones alternativas a una condena en los casos tramitados en tribunales de
familia (suspensión de la dictación de la sentencia y uso limitado de la mediación) y penal
(suspensión del procedimiento) 29 .
Ello repercute no solo en el sistema de justicia de familia que entró en funcionamiento en
forma coetánea a la ley, sino también en la justicia criminal, la que tendría que hacer visible
una categoría de hechos delictuales e investigar a personas que no compartían los rasgos
de la población que ingresa comúnmente al circuito de intervención penal.
Los perfiles de la población “denunciada” o “imputada” por violencia eran hombres, ciudadanos
comunes, mayoritariamente pobres y sin antecedentes penales previos 30 . Los operadores
del sistema a veces con mayor o menor énfasis justifican –más que explican- las
razones por las cuales un hombre maltrata a su pareja. Se tratará de obreros, empleados,
estudiantes, guardias de seguridad, choferes, miembros de las fuerzas armadas, y de vez en
cuando profesionales, que cometen actos de violencia y que se justifica como una rencilla
o desavenencia conyugal, en el uso abusivo de alcohol o drogas, por lo mismo parece haber
una cierta reticencia a investigar ciertos hechos o condenar, pues consideran la utilización
de la herramienta penal –o la sanción civil en el caso de los tribunales de familia- como
medida de ultima ratio.
25 Ibíd.
26 Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2009, Violencia contra las Mujeres y Derechos Humanos,
Centro de Derechos Humanos, Ediciones Universidad Diego Portales, Santiago, 2009, pp. 188-192.
27 Artículo 3, Ley 20.480 del 18 de diciembre de 2010 que modifica el artículo 90 de la ley 19.968
sobre tribunales de familia.
28 Artículo 19 Ley 20.066.
29 Se trata de la suspensión de la dictación de la sentencia que se detalla en el art. 96 de la Ley de Tribunales de
Familia 19 y la suspensión del procedimiento establecido en el art. 237 del Código de Procedimiento Penal.
30 En este sentido, María Luisa Maqueda una feminista española hace suya la crítica que se formula al “discurso
oficial” que la penalización de la violencia la ha hecho visible y que cruza todas las clases sociales. Ella refuta
que lo que ha servido es para señalar que los mismos de siempre los pobres y marginados son los que ventilan
sus conflictos en la justicia penal. María Luisa Maqueda, ¿Es la justicia penal una solución a la violencia contra
las mujeres? Algunas respuestas desde el feminismo crítico, En: “Género, Violencia y Derecho”, Patricia Laurenzo,
María Luisa Maqueda y Ana Rubio Coordinadoras, Tirant lo blanch alternativa, Valencia, 2008, p. 389.
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