VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

SALIDAS ALTERNATIVAS EN MATERIA DE VIOLENCIA: LAS CONDICIONES APLICADAS
2. SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA
DICTACIÓN DE LA SENTENCIA EN SEDE
FAMILIAR
Durante la tramitación de la ley 19.968 se sostuvo que la suspensión de la dictación de la
sentencia sería una especie de acuerdo entre víctima y denunciado 235 , o así al menos lo entendieron
algunos legisladores cuando se discutió esta figura. En efecto, hubo oposición a esta
institución por parte de las diputadas Saa y Mella, pensando que esto sería una expresión de
debilidad de la autoridad, además de ser una forma de desconocer la violencia intrafamiliar
como algo ilícito. La diputada Mella señala que la Ley 19.325 con los mecanismos de conciliación
había favorecido la impunidad a los agresores. A su vez, la diputada Saa creía que
la suspensión condicional se transformaría en la regla general, de la misma manera que ya
sucedía con la conciliación. El ejecutivo, a su vez, planteó que ésta era una salida alterativa
similar a la del sistema penal, con la diferencia de que si el denunciado incumplía, el juez
debía dictar sentencia 236 . En la práctica estas observaciones no prosperaron atendido que
una figura similar ya existía en la justicia criminal.
Efectivamente, la norma utiliza la expresión “acuerdo” y dispone respecto de sus requisitos:
“a) Que se hayan establecido y aceptado por las partes obligaciones específicas y determinadas
respecto de sus relaciones de familia y aquellas de carácter reparatorio a satisfacción
de la víctima; b) Que se haya adquirido por el demandado o denunciado, con el acuerdo de
la víctima, el compromiso de observancia de una o más de las medidas cautelares previstas
en esta ley por un lapso no inferior a seis meses ni superior a un año.” 237
Ahora bien, creemos que el sentido de la suspensión de la dictación de la sentencia es claramente
distinto al de un acuerdo o conciliación para poner término al asunto. Lo que la ley señala es
que las condiciones que impone el tribunal requieren que exista un acuerdo de la denunciante
para que produzcan efectos. Entendemos que si bien, el tribunal pondera las distintas opciones
que existen, de acuerdo a los hechos y las declaraciones de las partes, pero se trata de una
resolución del tribunal en que establece condiciones o medidas que fundadamente crea que
es la mejor solución para el caso, las cuales deben ser aceptadas por la víctima.
Una cuestión distinta y que no debe confundirse es que habiendo temas conexos al conflicto
en materia de familia, como lo será la resolución de los alimentos, el cuidado personal o la
relación directa y regular con los hijos, las partes en principio podrían llegar a acuerdos, ya
sea a través de un proceso facilitado por el consejero técnico del tribunal o bien a través
de un proceso de mediación familiar, como lo establece el inciso tercero del artículo 96 de
la Ley 19.968, cuestión que se revisará más adelante.
235 Así también lo expresó una juez de familia en una ponencia en el Coloquio Mujer y Derecho. Una reflexión en
el 30 aniversario de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
el 2 de octubre 2009 en la Universidad Austral de Chile.
236 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Historia de la Ley nº 19.968 Crea los Tribunales de Familia, agosto
2004, pp. 401-404. En: >http://www.bcn.cl/histLey/lfs/hdl-1968/HL9968.pdf>. Visitado el 8 de enero del 2010.
237 Art. 96 inc. 2º Ley 19.968.
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