VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
La dictación de la Ley 19.325 estableció que la violencia intrafamiliar era una conducta
merecedora de reproche social 5 . Se dictó en la década de los noventa en un contexto de
América Latina y el Caribe en que se adoptaban un conjunto de medidas legislativas y de
políticas públicas para combatir la violencia en contra de las mujeres y en el reconocimiento
que ésta es una grave violación a los derechos humanos de las mujeres 6 .
Desde la promulgación de la ley en 1994 a la fecha, el número de casos conocidos por los
tribunales de justicia fue en paulatino aumento. Es posible sostener que las cifras no evidencian
necesariamente un aumento de la prevalencia de violencia en contra de la mujer, sino
la reducción de la cifra negra, esto es, un aumento del número de casos denunciados, pues
las denuncias por agresión por parte de la pareja no parecía estar avalada socialmente 7-8.
Dado que es parte del imaginario colectivo que “la ropa sucia se lava en casa”, las mujeres
debieron sortear obstáculos culturales para reclamar respecto de las agresiones de las cuales
fueran objeto. De hecho, el estudio realizado por Moltedo y otras, con pobladoras mostró que
sólo el 14% de las mujeres denunciaba a carabineros. el maltrato recibido por sus parejas.
Entre las razones por las cuales no se denuncia, destaca por “privacidad” y “porque no se saca
nada” 9 . Un estudio de revisión de una década de jurisprudencia de las cortes de apelaciones
en violencia, encontró que los jueces rechazaban los recursos de protección interpuestos
por víctimas de violencia argumentando que las rencillas familiares no podían ser materia
de una acción cautelar de protección de derechos fundamentales 10 .
La primera ley de violencia dictada en 1994, abrió el reconocimiento del problema, lo cual
claramente fue un avance: entregaba herramientas para dictar medidas cautelares, propiciaba
medidas alternativas a la pena-sanción, como el trabajo comunitario e instalaba la idea de
una intervención psicosocial para agresores. La ley preveía un llamado a conciliación entre
las partes, por lo cual los jueces (más bien los actuarios) intervenían para alcanzar el acuerdo
entre víctima y victimario. Por ello, hemos señalado que la primera respuesta específica
5 Ley 19.325 publicada en el Diario Oficial 4 de agosto de 1994.
6 OEA, Acceso a la Justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, Washington, DC, 2007. OEA/Ser.L/V/II.Doc.68 20 enero de 2007.
7 Casas y Mera, Op. Cit.
8 Patricia Provoste, Violencia contra la mujer en la pareja: respuestas de la salud pública en Santiago de Chile,
Serie Mujer y Desarrollo 85, CEPAL, Santiago, 2007, p. 13.
9 Cecilia Moltedo, Clotilde Silva, Cristina Orellana, Antonia Tarifeño y Clara Poblete, Estudio sobre violencia
Doméstica en Mujeres Pobladoras Chilenas, mimeo, Santiago, 1989, p. 14.
10 Luisa Cabal, Julieta Lemaitre y Mónica Roa, eds., Cuerpo y Derecho. Legislación y jurisprudencia en América
Latina, Temis, Bogotá, 2001, pp. 137-151.