VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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cautelares. Un sistema de seguimiento con nuevas tecnologías, el trabajo comunitario bien
implementado puede tener mayor impacto que la sola sanción o salida alternativa aislada.
¿Cuánto ha cambiado (y en qué dirección) el enfoque contra la violencia intrafamiliar desde
la ley 19.325 a la ley 20.066?
No hay dudas que la ley 20.066 es más represiva que la 19.325, pero a juzgar por las cifras
y resultados de este estudio no soluciona de fondo el problema de la violencia intrafamiliar
y no torga una debida de protección a las víctimas.
El cambio hacia lo penal podría favorecer la protección de las víctimas, sin embargo, los resultados
de este estudio más bien vienen a confirmar algo que pudo ser previsto. Por razones
estructurales el sistema penal ha mostrado ser un instrumento inidóneo para el tratamiento
de este tipo de casos, porque su intervención está centrada en la persona del ofensor con
un objetivo determinado: aplicar una sanción a una persona imputada de un delito. Es más,
esta institucionalidad está orientada a la protección de las garantías del imputado frente a
la ofensiva estatal. No fue diseñado para “cuidar” a las víctimas, sus intereses son accesorios
a la persecución penal. Sin embargo, no hay que perder de vista el carácter simbólico del
sistema penal. “Cuando el asunto va a lo penal, importa”. Esto es palpable sólo si miramos
las partidas presupuestarias asignadas a la justicia penal versus la de familia.
Si lo que se quiere es evitar la muerte de mujeres en manos de sus parejas, habría que
preguntarse, ¿cómo configurar un sistema que, por una parte, de seguridad a las víctimas y
castigo a los ofensores o la rehabilitación de éstos, por otra?
Como sabemos, el derecho penal tiene límites, no puede imponer más restricciones al ofensor
que las legalmente permitidas. Tampoco se puede dar un tratamiento al ofensor como si
el delito estuviera consumado (por ejemplo, la muerte de la víctima) si eso no ha ocurrido,
aún cuando exista riesgo inminente de ello. En otras palabras, tanto en la aplicación de medidas
cautelares como de penas el sistema deben dar un estricto seguimiento al principio
de proporcionalidad y la estructura adversarial del proceso. Por ello, aún cuando se realice
una evaluación de riesgo que arroje la existencia de peligro inminente de daño a la mujer
en gran escala, el sistema no puede ir más allá de lo legalmente permitido.
Ahora bien, al igual que en otras áreas, el tratamiento de la violencia intrafamiliar en sede
penal no puede ser igual al que se le da a otros delitos. Si no se rescata la especificidad de
este tipo de actos el Estado deja a las mujeres en una situación de especial vulneración y
desprotección. Mientras no se reconozca el componente de género en este tipo de actos la
respuesta estatal será ineficiente y parcial sin otorgar protección a las víctimas.
Esto tiene que ver con la manera de entender el conflicto y cómo se analiza la vulnerabilidad
de las condiciones de la mujer, lo que está estrechamente vinculado con las historias, prejuicios
y valores de los propios operadores del sistema. Ello, pues al momento de intervenir y decidir
la manera de hacerlo, éstos se ven cuestionados en la propia de actuar en sus relaciones