VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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aplicación de las leyes de acuerdo a concepciones que se fundamentan en la subordinación de las mujeres, y particularmente en una estructura jerárquica de la familia 37 . Revelar esos nudos no es sólo importante para efectos del principio de igualdad que debe primar en el sistema de administración de justicia sino advertir la existencia de sesgos de género que afectan el acceso a la justicia de las mujeres. Ello permitiría mejorarlo de tal manera que cada miembro de la comunidad pueda gozar de igual protección ante la ley y los tribunales de justicia. 37 Paulina Veloso, Igualdad y relaciones familiares, En: Revista Jurídica de Palermo, SELA 1999, Año 2000. MARCO TEÓRICO 15
VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 16 CAPÍTULO II MARCO NORMATIVO EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR El estudio de la violencia desde un plano normativo exige revisar diversos cuerpos legales que la regulan, que sin duda responden a las obligaciones que Chile ha suscrito en la materia. Los tratados internacionales de derechos humanos reconocen derechos a las mujeres, con lo cual Chile tiene la obligación de adoptar medidas legislativas y de otra naturaleza tendiente a otorgar protección a las víctimas de la violencia de género y sanción de los responsables. La Convención de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) –ratificada por Chile en 1989- establece una serie de normas destinadas a la promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad con el hombre. La CEDAW reafirma “la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres” 38 en los distintos ámbitos en que ésta se desarrolla, entre ellas, la vida política, el empleo, el matrimonio y la familia. Por su parte, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem Do Pará) –ratificada por Chile en 1994- define la violencia contra la mujer en un sentido amplio, señalando que cualquier conducta que cause daño, muerte o algún tipo de sufrimiento a la mujer en razón de su género, sea en el ámbito público o privado, debe ser considerada como tal. Por otra parte, se afirma que “la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades” y que su eliminación es una condición sine qua non para el pleno desarrollo personal y social y el ejercicio de los derechos de las mujeres 39 . Ambos instrumentos internacionales han dado pie a importantes reformas legales en nuestro país, pues exigen a los Estados Partes establecer un plan de acción destinado a dar cumplimiento a lo suscrito y ratificado. Así, los tratados internacionales constituyen un pilar fundamental en el proceso de reconocimiento, regulación y sanción de las conductas violentas contra en las mujeres en nuestro país. 38 Convención de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), adoptada el 18 de diciembre de 1979, ratificada por Chile 7 de diciembre de 1989 y publicada en el Diario Oficial el 9 de diciembre de 1989. 39 Adoptada por la OEA el 6 de septiembre de 1994, ratificada por Chile el 15 de noviembre de 1996 y publicada en el Diario Oficial 11 de noviembre de de 1998.
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