VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
102
precariedad del sistema para detectar las situaciones de riesgo en que se encuentran las
víctimas en todas las etapas del proceso y la necesidad de aplicar esta evaluación también
en el caso de las salidas alternativas. 174
2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y
CAUTELARES EN SEDE PENAL
Las medidas de protección tienen por finalidad –como su nombre lo indica- amparar, dar resguardo
o auxilio a aquella persona que ha sido víctima de un delito, cualquiera sea naturaleza.
Como se advierte, tienen una naturaleza distinta de las medidas cautelares, que persiguen
asegurar el éxito de la acción. Las medidas de protección están reguladas expresamente en
el Código Procesal Penal como una herramienta de aplicación de los fiscales.
El Código Procesal Penal en su título I establece los denominados “Principios Básicos” del
nuevo sistema procesal, entre los cuales se encuentra el de protección de la víctima. El artículo
6 de este cuerpo legal señala que el Ministerio Público está obligado a velar durante
todo el proceso por la protección de la víctima de una conducta delictiva. 175
Lo anterior ,se corrobora con más detalle en el artículo 78 del mismo Código que establece la
obligación general de los fiscales de adoptar o solicitar medidas de protección a las víctimas
y, en concreto, “ordenar por sí mismos o solicitar al tribunal, en su caso, las medidas destinadas
a la protección de la víctima y su familia frente a probables hostigamientos, amenazas o
atentados”. 176 Vale destacar, que el artículo 78 del Código Procesal Penal también enumera
de forma ejemplar las posibles medidas de protección a favor de las víctimas.
174 Informe Anual Derechos Humanos 2009. Violencia en contra de las Mujer, Centro de Derechos Humanos, Facultad
de Derechos Humanos, Ediciones Universidad Diego Portales, Santiago, 2009.
175 Artículo 6º. Protección de la víctima. El ministerio público estará obligado a velar por la protección de la víctima
del delito en todas las etapas del procedimiento penal. Por su parte, el tribunal garantizará conforme a la Ley
la vigencia de sus derechos durante el procedimiento. El fiscal deberá promover durante el curso del procedimiento
acuerdos patrimoniales, medidas cautelares u otros mecanismos que faciliten la reparación del daño
causado a la víctima. Este deber no importará el ejercicio de las acciones civiles que pudieren corresponderle
a la víctima. Asimismo, la policía y los demás organismos auxiliares deberán otorgarle un trato acorde con su
condición de víctima, procurando facilitar al máximo su participación en los trámites en que debiere intervenir.
176 Artículo 78. Información y protección a las víctimas.
Será deber de los fiscales durante todo el procedimiento adoptar medidas, o solicitarlas, en su caso, para proteger
a las víctimas de los delitos; facilitar su intervención en el mismo y evitar o disminuir al mínimo cualquier
perturbación que hubieren de soportar con ocasión de los trámites en que debieren intervenir.
Los fiscales estarán obligados a realizar, entre otras, las siguientes actividades a favor de la víctima:
a) Entregarle información acerca del curso y resultado del procedimiento, de sus derechos y de las actividades
que debiere realizar para ejercerlos.
b) Ordenar por sí mismos o solicitar al tribunal, en su caso, las medidas destinadas a la protección de la víctima
y su familia frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados.
c) Informarle sobre su eventual derecho a indemnización y la forma de impetrarlo, y remitir los antecedentes,
cuando correspondiere, al organismo del Estado que tuviere a su cargo la representación de la víctima en el
ejercicio de las respectivas acciones civiles.
d) Escuchar a la víctima antes de solicitar o resolver la suspensión del procedimiento o su terminación por cualquier
causa. Si la víctima hubiere designado abogado, el ministerio público estará obligado a realizar también
a su respecto las actividades señaladas en las letras a) y d) precedentes.