VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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Sobre este tema la ley nada dice, sólo señala que “el tribunal” deberá adoptar las medidas
antes mencionadas, sin especificar la forma de presumir y valorar la situación de riesgo.
En la justicia de familia se advierte heterogeneidad de criterios en la práctica de esta evaluación.
No existen protocolos o formularios comunes y se presentan situaciones que muestran
una diversidad de estrategias. Por ejemplo, los Tribunales de Familia de Santiago (4) cuentan
desde el año 2007 con el Centro de Control, Evaluación y Resolución de Medidas Cautelares
lo que ha permitido uniformar la práctica de estos tribunales. A la fecha de redacción de este
informe (enero de 2010) se constató que no existe una instancia similar en la jurisdicción de
San Miguel (ni en ninguna otra del país). De acuerdo a la información recopilada, en ambas
jurisdicciones mencionadas se utiliza la modalidad de cuestionarios autoadministrados que
se entregan a los denunciantes o demandantes en los juzgados de familia, donde se inquiere
acerca de las características de los actos denunciados (ver anexo III).
De acuerdo a la información recogida con jueces de familia de distintas jurisdicciones del
país, encontramos distintas prácticas. En Valparaíso, si la denunciante solicita una medida
urgente, la o el consejero técnico la entrevista y deriva a la audiencia especial de precautoria.
Existe una sala de medidas precautorias con jueces de turno para este sólo efecto.
El tribunal de familia de Rancagua, tiene otro procedimiento. Si la denunciante concurre al
tribunal solicitando una medida cautelar, es atendida en el mismo día en una audiencia. La
búsqueda de la sala que pueda tomar la audiencia la realiza la jefa de unidad.
La ley no señala qué operadores del sistema deben realizar esta evaluación. Como ya hemos
dicho, se discute si corresponde sólo a la judicatura de familia o si la Ley 20.066, obliga a
realizar esta apreciación a todos los operadores del sistema judicial, sean jueces de garantía
y/o fiscales.
Una interpretación armónica del artículo 7 que regula la situación de riesgo, del artículo 15
que establece medidas cautelares -ambos de la Ley 20.066- y del artículo 78 de Código
Procesal Penal (información y protección a las víctimas) nos lleva a colegir que se trata
de una obligación general para todos los intervinientes del sistema, sean miembros de la
justicia familiar o penal, pues ello permitiría medir y reducir la probabilidad de eventuales
agresiones a la víctima y otras personas.
En el caso del Ministerio Público, varios elementos ratifican esta posición. En primer lugar,
conforme a lo dispuesto en el artículo 78 letra b), los fiscales están obligados a: “Ordenar
por sí mismos o solicitar al tribunal, en su caso, las medidas destinadas a la protección de la
víctima y su familia, frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados.” La utilidad
de esta institución fue reconocida por el Fiscal Nacional, como ya señaláramos.
En segundo lugar, durante el año 2008, el Ministerio Público impulsó un programa piloto
en 8 fiscalías regionales destinado a garantizar la realización de una evaluación de riesgo