VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Sin embargo, como lo hemos dicho, una interpretación armónica y sistemática de ambos cuerpos
legales, en general, y de los artículos 7 y 15 de la Ley 20.066 y del artículo 78 del Código
Procesal Penal permiten sostener que en este tipo de materias no sólo los fiscales pueden
adoptar medidas de protección, sino que también los jueces, cualquiera sea su jurisdicción.
A mayor abundamiento, el informe de la Comisión Mixta sobre la Ley 20.066 da cuenta de
esta discusión. El SERNAM propuso eliminar del referido artículo 7 la expresión “de familia”
a continuación de la palabra tribunal. Esta propuesta fue acogida por las miembros de la
Comisión y quedó registrada en la historia fidedigna de la ley: “Finalmente, la Comisión
mixta acordó eliminar del inciso primero la expresión y mantener solamente la
referencia al tribunal, sin otra mención, a fin de que en dicho concepto se comprenda tanto
la judicatura de familia como la penal.” 181
Ahora bien, en relación con el criterio utilizado por los fiscales para definir qué medida
adoptar, un estudio de la Fiscalía Especializada de Responsabilidad Penal Juvenil y Violencia
Intrafamiliar señala que ello depende del riesgo a que esté expuesta la víctima. Si se trata de
riesgo de carácter vital se decretará, por ejemplo, la medida de protección de relocalización
de la víctima o se solicitará como medida cautelar la prisión preventiva del imputado. Si se
trata de casos de menor gravedad se podrá fijar, por ejemplo, vigilancia policial, medios de
contacto prioritarios con la policía o el Ministerio Público, todas ellas medidas de protección
que no involucran restricción o privación de derechos. 182
A la fecha de publicación de este estudio, además de las medidas cautelares, durante todo
el proceso penal existe la protección que realiza el Programa de Orientación Protección y
Asistencia (OPA) quienes se comunican con la víctima y dan satisfacción a sus requerimientos
de protección.
De acuerdo a la información recopilada en este estudio a través de la revisión de carpetas,
podemos sostener que las medidas de protección adoptadas por las distintas fiscalías son
similares y consisten principalmente en “rondas periódicas de Carabineros + contacto telefónico
prioritario” (20%), como muestra el siguiente cuadro.
181 Biblioteca del Congreso Nacional, Historia de la Ley 20.066, 7 de octubre de 2007, Informe Comisión Mixta
Senado- Cámara de Diputados, 4 de septiembre, 2005. Cuenta sesión 39, legislatura 333. Cámara de Diputados,
p. 436. En: http://www.bcn.cl/histley/histley/lfs/hdl-20066/HL20066.pdf Visitado el 14 de enero de 2010.
182 Iván Fuenzalida, Femicidio en Chile. Proyectos de reforma legislativa: su relación con el fenómeno, En: Revista
Jurídica del Ministerio Público N° 34, 2008, pp. 304-315.
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