VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
162
En otro orden de cosas, cabe señalar que una cuestión que resulta fundamental para determinar
de qué tipo de violencia trata una denuncia y qué tribunal conocerá del asunto dice
relación con la intervención de Carabineros y de las propias víctimas. Los resultados del estudio
muestran que, por una parte, el criterio utilizado por la policía para determinar la gravedad
de los hechos y el tribunal eventualmente competente depende de la existencia y visibilidad
de lesiones: “la lesión manda”. Por otra parte, la significación que hacen las víctimas de los
hechos conforme a su gravedad –cuestión que es eminentemente subjetiva- determina la
sede a la que recurren en busca de protección y/o sanción para el ofensor. Frente a hechos
similares algunas acuden a la policía, otras a tribunales de familia y las menos, directamente
al Ministerio Público.
Lo anterior conlleva a que se produzcan lo que denominamos “zonas grises”, es decir, que para
ilícitos similares no sea claro la jurisdicción que debe conocer. Ello se aprecia en particular
en casos de amenazas, las que son conocidas en sede familiar como “violencia psicológica”
y sede penal como el delito de amenazas en contra la propiedad y las personas.
Uno de los objetivos de la Ley 20.066 fue el tratamiento integral del conflicto familiar producto
de los actos de violencia entregando a los jueces el mandato de regular lo que hemos denominado
“temas conexos”. Sin embargo, los resultados del estudio muestran que en ninguno de
los casos analizados en sede penal se regulan estos temas y, en sede familiar, esto se hace en
un porcentaje mínimo (14,2%). Esto último es grave, porque se entiende que la jurisdicción
familiar es especializada y tiene las herramientas adecuadas para el tratamiento de estos
aspectos. Se podrá pensar que el tratamiento de estos temas no se realiza por las limitaciones
de gestión administrativa que tienen los tribunales, como por ejemplo, la obligación de
los jueces de familia deben concentrar sus audiencias en 30 minutos 277 , pero nuevamente
nos encontramos con la implementación de política judicial tabla rasa, es decir, se aplican
idénticos criterios y procedimientos para todos los casos, cuando la evidencia indica, que los
juicios de violencia en familia nunca serán puros y simples. La ley exige resolver los temas
conexos, por lo cual el tribunal no sólo tendrá que detenerse a resolver el conflicto de base
sino a todos aquellos que sean un corolario de lo anterior. Ni con las mejores intenciones que
pueda tener un juez, una audiencia de 30 minutos no podrá satisfacer a las partes, sino que
dejará el sinsabor de no ser escuchado (sea denunciante o denunciado) con la consiguiente
pérdida de legitimidad del sistema judicial frente a los usuarios.
Este tipo de conflictos exige además otras adecuaciones para asegurar una representación
de las partes y mejor gestión de los tiempos de los tribunales. En la práctica, significará el
patrocinio de las causas, pues serán los y las abogadas quienes deberán hacer el trabajo de
filtro del tipo de demandas y una narración más fluida y menos fragmentada para el tribunal.
277 Corte Suprema, Acta 51-2008. Autoacordado sobre agendamiento de audiencias en los tribunales de familia
del país, 4 de abril de 2008.