VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TIEMPOS DE TRAMITACIÓN DE LAS CAUSAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
En este sentido, en primer lugar, constatamos que los órganos que registran información
relevante en esta materia, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en adelante CAPJ,
Ministerio de Justicia o SERNAM, poseen información diferente (los datos no concuerdan),
como se hizo presente en el capítulo III.
En segundo lugar, hay algunas categorías que no se encuentran presentes en los sistemas de
recolección de datos, particularmente, en el caso de las formas de término en sede familiar.
Allí no se contempla una categoría destinada a registrar las suspensiones condicionales de
la dictación de la sentencia, de modo que no es posible saber a ciencia cierta el impacto que
esta salida tiene en el sistema. Sólo el Registro Civil cuenta con información detallada, la que
muestra que la suspensión de la dictación de la sentencia supera el número de condenas
por actos de violencia. Sin embargo, esta información debe ser tomada con cautela porque
no se condice con el total de sentencias registradas en el sistema judicial. Esto podría ser
explicado por la decisión de los tribunales de no remitir la información al Registro Civil para
evitar que el ofensor “tenga sus papeles manchados”.
Por otro lado, incluso desde la vigencia de la Ley 20.066, existen dificultades con el registro
y recopilación de datos debido a que no muestra la relación víctima-victimario, sus edades,
y sexo. Ello no permite que las autoridades que procesan casos o deban formular políticas
de prevención, rehabilitación o represión puedan dimensionar cabalmente la magnitud y
alcance del fenómeno, más allá de decir que las mujeres son las principales afectadas. Si
revisamos las estadísticas tanto del Ministerio Público como de la CAPJ, ninguna contempla
la variable de sexo y edad de las víctimas, elemento crucial para entender este fenómeno.
Es evidente a la luz de los resultados que este es un ámbito abandonado de la gestión y las
políticas públicas de justicia, que por cierto trasciende los asuntos de violencia doméstica.
Consideramos indispensable el mejoramiento de los sistemas de registros y una mayor
coordinación interinstitucional en esta materia.
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