VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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niveles de la convivencia social, y en particular la familiar. No sólo va a generar delitos que
deberán ser investigados, sino también producirá efectos en las víctimas y sus familias, los
que deberán ser considerados cuando se produce un quiebre familiar importante. Con ello,
no estamos solicitando que los operadores del sistema de justicia penal se conviertan en
operadores de justicia de familia, sino simplemente que deben estar conscientes de la complejidad
del delito. Por lo mismo, las herramientas que adopta el sistema penal no pueden
aplicarse sin que medien adecuaciones para este tipo de casos.
Por otra parte, podríamos decir que el ofensor también se ve beneficiado con una suspensión,
porque no se le sanciona con una multa (costo pecuniario) y lo más importante, sus
antecedentes no quedan “manchados”. En efecto, en el caso de la suspensión de la dictación
de la sentencia, la ley establece que una vez transcurrido un año y si las condiciones se han
cumplido, el juez solicitará al Servicio de Registro Civil la omisión en el certificado respectivo.
En materia penal, sucede algo similar, cumplida las condiciones se decretará el sobreseimiento
definitivo de la causa. En sede penal, constatamos que casi un cincuenta por ciento
de la causas (46.7%) termina a través de una salida facultativa. Considerando sólo las salidas
judiciales, la suspensión condicional del procedimiento es la principal forma de término
(66.7%), lo que contrasta fuertemente con las sentencias que alcanzan a menos de una
quinta parte del total de salidas judiciales (19.4%).
Podríamos decir que en el caso de la suspensión condicional del procedimiento se replican
-guardando las debidas proporciones- los mismos argumentos que en sede familiar para
preferir esta salida alternativa. De acuerdo a los resultados, se advierte que prácticamente
los casos de violencia intrafamiliar no llegan a juicio, eliminándose la necesidad de llevar
adelante una ardua investigación por parte del fiscal para probar, más allá de toda duda
razonable, la culpabilidad del ofensor. Y con las mismas implicancias de tiempos y costos
para los tribunales.
Todo indica que para los operadores del sistema penal, este tipo de asuntos son “casos
cacho” difíciles de abordar, con víctimas que prestan escasa colaboración en algunos casos
y con un alto grado de retractación 274 (que en realidad no es la declaración de los hechos
denunciados no hubieran ocurrido, sino que no se desea mantener la persecución penal, una
cuestión distinta). Estas consideraciones, podrían explicar la prevalencia de la suspensión
condicional del procedimiento, por una parte, y de las salidas facultativas, por otra.
El bajo número de sentencias per se no significa que sea un hecho que merezca observación,
especialmente cuando la ley prevé la posibilidad de una salida alternativa. Lo relevante,
es reconocer el tipo trabajo y el tratamiento que se da a los casos. Las salidas generan un
menor trabajo jurisdiccional, pero ello no significa una carga administrativa menor o un bajo
consumo de recursos humanos y logísticos. La importancia radica en tomarse el tiempo y
274 María José Taladriz, María Angélica San Martín y Roberto Rodríguez, La retractación en violencia intrafamiliar
y su incidencia en el sistema procesal penal, En: Revista Jurídica del Ministerio Público N° 39, junio 2009, pp.
223-243.