VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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cual se pregunta el vínculo de parentesco, la existencia o no demandas anteriores, y finalmente
existe un espacio para que la demandante señale que es lo que pide al tribunal. Hay
un sección especial de solicitud para medidas cautelares y de preguntas sobre el tipo de
violencia que la denunciante y personas de su núcleo familiar experimenta. Toda esta labor
está concentrada en el Centro de Medidas Cautelares que funciona desde 2007.
La situación es distinta en los tribunales de San Miguel que cuentan con dos tribunales de
familia. Estos tribunales se turnan en la recepción de denuncias, y cada uno de ellos tiene
formularios distintos, que la denunciante debe completar.
Finalmente, una vez ingresado el formulario, se constata en el Sistema de Tribunales de
Familia (SITFA), éste hace las veces de demanda, fijando los hechos a investigar.
De los 140 casos analizados, detallaremos esta información por región. Las denuncias
tramitadas en los tribunales de familia de Santiago y San Miguel muestran que 44 casos,
equivalente al 62.8%, ingresan por parte policial. El resto, ingresa por demanda-formulario.
La ley faculta que las personas puedan comparecer personalmente, sin asistencia letrada.
Sólo en 7 de 140 casos, encontramos la presencia de abogados en alguna parte del juicio,
cuatro de ellos en Santiago y tres en Valparaíso. Sólo un caso cuenta con abogado particular,
en que el denunciado es funcionario de Carabineros de Chile (defendido por abogado de
la institución) y, por su parte la denunciante cuenta con el patrocinio de la Corporación de
Asistencia Judicial de la Valparaíso.
En consecuencia, los hechos se fijan y desprenden sólo del parte policial o en menor proporción
del formulario-tipo, el cual narra un hecho genérico de violencia verbal o sicológica.
En el caso del formulario de la Corte de Apelaciones de Santiago, la denunciante cuenta con
siete líneas para describir la situación que vive. La situación es diversa en San Miguel, en que
un funcionario/a del tribunal (2° Juzgado de Familia de San Miguel) transcribe lo que relata
la víctima sobre un formulario pre-determinado.
Ante esta diversidad de documentos, podemos decir que el aparato de la administración
de justicia no tiene una respuesta uniforme e igualitaria en la tramitación de las causas de
violencia intrafamiliar, pues ella depende de los criterios de cada tribunal.
El formulario ayuda a la gestión del sistema para el mejor procesamiento de los casos especialmente
cuando no hay patrocinio. Es posible pensar que la ausencia del mismo impediría
que las audiencias sean fluidas, pues las narraciones de las víctimas serán fragmentadas y
las víctimas estarán muchas veces en necesidad de contención emocional, y por lo mismo
en desigualdad para enfrentar el procedimiento.
Ello implicaría, a nuestro juicio, un mayor impacto en el sistema judicial, no sólo por el
tiempo necesario para realizar las audiencias, sino además dado que la propia ley exige de