VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
22
Esta norma viene llenar un vacío legal en torno a la regulación de las consecuencias de la
ruptura con ocasión de actos de violencia intrafamiliar. En efecto, con la Ley 19.325 los jueces
debían limitarse a declarar la violencia intrafamiliar y sancionar al ofensor, sin pronunciarse
sobre aspectos esenciales de las relaciones de familia -y que habitualmente son consustanciales
a los conflictos de violencia intrafamiliar- como la fijación de una pensión de alimentos
o un régimen comunicacional. En la práctica, esto obligaba a las partes –y especialmente a
las mujeres- a iniciar nuevos procesos judiciales para discutir cada uno de estos temas ante
distintos tipos de tribunales (civiles y menores) con el consecuente desgaste emocional y
económico que esto significa. Este aspecto se analiza con detalle en la segunda parte de
este informe (capítulo VI sobre temas conexos).
Además de la sentencia definitiva, la Ley 19.968 de Tribunales de Familia establece una forma
de término del procedimiento distinta a las señaladas primitivamente en la Ley 19.325. Se trata
de la figura de la suspensión condicional de la dictación de la sentencia, la que encuentra su
origen en las salidas alternativas al proceso penal (suspensión condicional del procedimiento
y acuerdos reparatorios). Sin embargo, difiere de éstas en varios aspectos tornándola en una
institución sui géneris dentro de la justicia de familia. En efecto, la suspensión condicional de
la dictación de la sentencia se inserta como una figura intermedia entre la conciliación y la
sanción, toda vez que fomenta la búsqueda de acuerdos entre las partes en algunas materias,
pero esta suspensión no pone término al proceso en forma inmediata. Ello sólo ocurrirá
transcurrido el período de un año 56 y cuando se acredite por el ofensor el cumplimiento de
las condiciones consensuadas o decretadas por el juez. En otras palabras, el proceso queda
en suspenso durante el plazo de condicionalidad, antes señalado 57 .
Para que proceda esta figura se requiere que el denunciado reconozca los hechos y que
existan antecedentes que permitan presumir que no ejecutará actos similares en lo sucesivo.
A ello, el legislador agrega el cumplimiento de cualquiera de las siguientes condiciones:
56 La ley 20.480 no modificó el artículo 96 de la Ley 19.680 sobre la creación de los de Tribunales de Familia
mantiene el plazo de un año respecto de las medidas accesorias las que pueden tener un plazo de dos años
en el nuevo artículo 9. Vale recordar que las accesorias del artículo 9, prohibición de acercamiento y porte
y tenencia de armas son las dos medidas que un juez puede imponer en la salida alternativa. Las medidas
accesorias como hemos constatado suelen transformarse en condiciones de la suspensión.
57 Artículo 96.- Suspensión condicional de la dictación de la sentencia. Si el denunciado o demandado reconoce
ante el tribunal los hechos sobre los que versa la demanda o denuncia y existen antecedentes que permiten
presumir fundadamente que no ejecutará actos similares en lo sucesivo, el juez podrá suspender condicionalmente
la dictación de la sentencia, siempre y cuando se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:
a) Que se hayan establecido y aceptado por las partes obligaciones específicas y determinadas respecto de sus
relaciones de familia y aquellas de carácter reparatorio a satisfacción de la víctima;
b) Que se haya adquirido por el demandado o denunciado, con el acuerdo de la víctima, el compromiso de observancia
de una o más de las medidas cautelares previstas en esta Ley por un lapso no inferior a seis meses
ni superior a un año.
En todo caso, el tribunal, previo acuerdo de las partes y en conformidad a lo dispuesto en el inciso primero,
podrá someter a mediación el conflicto para los efectos de la letra a). Aprobada el acta de mediación, el juez
suspenderá condicionalmente la dictación de la sentencia. Para efectos de lo dispuesto en este artículo, el
juez deberá ser asesorado por uno o más miembros del consejo técnico, asegurándose que las partes estén
en capacidad para negociar libremente y en un plano de igualdad. La resolución que apruebe la suspensión
de la sentencia será inscrita en el registro especial que para estos procesos mantiene el Servicio de Registro
Civil e Identificación, en los mismos términos que la sentencia.