VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

EL FENÓMENO DE LA VIOLENCIA: SU IMPACTO EN EL SISTEMA JUDICIAL
Entre los años 1994-2004 hay registro de condenas bajo la ley 19.325. En año 2005 puede
contener tanto condenas bajo la ley 19.325 como de la Ley 20.066.
Este Servicio cuenta con el registro de las suspensiones condicionales de la dictación de la
sentencia que se han impuesto desde el 2005 a la fecha. Las cifras han oscilado entre 6.880
a 9.000 que llegarían al final del año 2009, como se observa en la tabla anterior.
A diferencia del registro de anotaciones prontuariales por condenas de delitos, las anotaciones
por actos de violencia son históricas, sin que puedan ser eliminadas, pues no está
contemplado en la ley. Vale recordar que algo similar ocurre con los registros de ingresos
del Ministerio Público que mantiene en su base de datos para verificar si un imputado ha
ingresado al sistema de justicia penal anteriormente, independiente de la solución que haya
tenido la investigación penal.
Esta precisión sobre la omisión de antecedentes es relevante, pues los operadores del sistema,
especialmente jueces de familia y fiscales, podrán saber si el denunciado ha cometido actos
de violencia en contra de una víctima determinada u otra, y las posibilidades de eficacia
que pueda tener una salida alternativa, sea en materia de familia o penal, cuestión que ya
estaba plasmada en la Ley 19.325 124 . Le permitiría claramente al juez poder calificar los
hechos denunciados como maltrato habitual.
Sin perjuicio de ello, la Subdirección Jurídica del Registro Civil emitió un pronunciamiento
en agosto de 2008 que otorga el beneficio de omisión de antecedentes del Registro Civil
en atención a la Ley 19.628 sobre Protección de Datos de la Vida Privada 125 . Ello significaría
la omisión de las anotaciones cuando una persona solicita un certificado. No obstante, esta
información estará disponible para todos los servicios públicos que lo requieran. Como fuera,
según lo señalado por funcionarios del Departamento de Registros Especiales, los jueces de
familia remiten oficios a fin de que se eliminen antecedentes del registro, cuestión que no
procede y que algunos jueces de familia no entenderían. A su vez, la omisión de la suspensión
de la dictación de la sentencia sólo procede cuando el tribunal de familia haya acreditado
que se ha cumplido la condición, cuestión que no ocurre con frecuencia.
Por su parte, el número de inscripciones de la suspensión de la dictación de la sentencia no
supera las 7 mil que correspondieron al año 2008, como se observa en el Gráfico 1:
124 En efecto, el art. 3 inc. 3° letra d) de la Ley 19.325 señalaba que el juez requerirá al Servicio de Registro Civil e
Identificación, por la vía que estime más rápida y efectiva, un informe sobre las anotaciones que el demandado
o denunciado tuviere en el registro especial que establece el artículo 8…”. Véase Lidia Casas, Alejandra Mera
y Patricia Chotzen, Manual de Aplicación de la Ley 19.325 sobre Violencia Intrafamiliar, Serie Legislativa N°
2, Servicio Nacional de la Mujer y Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Santiago, 2001, pp.
46-47.
125 Comunicación de Ximena Rojas, abogada Jefe de registros Especiales, Ordinario 221, 26 de octubre de 2009.
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