VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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Con fecha 14 de octubre de 2008, la víctima declara ante el Ministerio Público que hace
un mes (después de ser derivada de los tribunales de familia a la Fiscalía) el denunciado se
acercó a su domicilio alrededor de las 12 de la noche, tocó el citófono y manifestó llorando
que quería ver al niño, producto de lo cual ella llamó a Carabineros. Relata que a la fecha y
desde la suspensión le siguen llegando correos electrónicos del denunciado. La mujer adjunta
copia de todos los correos electrónicos.
El 13 de enero de 2009 se realiza la audiencia de revocación de suspensión condicional a la
cual el tribunal no accede, puesto que se comunica con el COSAM el día antes de la audiencia
y se informa que el imputado está en evaluación sicológica.
Este caso es especial, pues la víctima recorre tanto los tribunales penales como de familia y
el sistema demora un año 4 meses en dictar una resolución que finalmente no da solución
a la violencia y amenazas que sufre la víctima por parte de su ex conviviente. Sin embargo,
la fiscalía tomó la decisión de remitir el caso a los tribunales de familia, los que devolvieron
la denuncia correctamente señalando que en la especie había maltrato habitual. Bajo esta
hipótesis, el Ministerio Público también tuvo otro camino, pudo haber formalizado por maltrato
habitual y solicitar cautelares que fueran comprensivas de la situación denunciada.
La pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿por qué la fiscalía consideró necesario derivarla
a los tribunales de familia en circunstancias de que existe constancia de amenazas
y hostigamiento severo por parte del ofensor? A nuestro juicio, era posible iniciar un nuevo
caso por amenazas especialmente tomando en cuenta el contexto y la forma en que éstas
se materializaban y con ello imponer nuevas cautelares que pusieran fin al hostigamiento
y asedio, de tal manera que si se produjera incumplimiento podría ser apremiado e incluso
condenado.
La cuestión es que se intenta revocar la suspensión del procedimiento cuando en rigor no
había incumplimiento sobre la prohibición de acercamiento, si había algo era su ausencia
de seguir una terapia sicológica, el resto eran hechos nuevos: asedio y hostigamiento con
amenazas por correo electrónico.
Tal como señala el artículo 239 del Código Procesal Penal: “Cuando el imputado incumpliere,
sin justificación, grave o reiteradamente las condiciones impuestas, o fuere objeto de una
nueva formalización de la investigación por hechos distintos, el juez, a petición del fiscal
o la víctima, revocará la suspensión condicional del procedimiento, y éste continuará de
acuerdo a las reglas generales.”
Consideramos que este caso requería una nueva formalización. Finalmente, el comportamiento
del imputado queda completamente impune y con una familia violentada y desprotegida
por el sistema penal.