VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
12
En este sentido, llama la atención un caso reciente de una mujer condenada por violencia
a media UTM y una terapia no solicitada por el denunciante. Este señalaba que el maltrato
se producía “porque recibía insultos por teléfono, [haber] abandonado el hogar común [la
demandada] para irse a convivir con otra persona, falta de atención a su marido, preferir salir
con sus amigas que estar con su marido, salir con otro hombre y haberse besado con otro
hombre” 18 . La mujer señala que no hay maltrato sino falta de trato por un fracaso y término
de matrimonio e inicio de una nueva relación. La Corte acoge la apelación de la demandada,
revoca la sentencia y señala que ha sido absuelta dejando sin efecto la sanción y la medida 19 .
Estos prejuicios han sido identificados como problemas comunes a los sistemas de justicia
en la región, en que jueces y operadores instan a la conciliación, o el tratamiento de los
casos se encuentra revestido por sesgos de género 20-21 .
Los estudios en la materia han constatado una diversidad de miradas y tratamiento cuando
las mujeres son las que reclaman justicia en ciertos delitos. Una investigación realizada para
el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, en adelante (CEJA) en Chile, mostró claros
sesgos de discriminación de género en el tratamiento de los delitos sexuales en el aparato
de la administración de justicia en que la investigación policial y judicial estaba cruzada por
la credibilidad de la víctima y las posibilidades de éxito que se pudiera obtener del caso 22 .
Cuando se intentó indagar sobre la violencia en contra de las mujeres en el contexto familiar,
especialmente en el delito de lesiones, se pudo establecer que había tantos criterios
como fiscales en el sistema, y que no era parte relevante para el Ministerio Público siquiera
cuantificar el número de víctimas que ingresaban por este delito.
Otro estudio realizado para la Defensoría Penal Pública, sobre los casos de violencia intrafamiliar
o doméstica daba cuenta que las formas de término alternativas a una sentencia eran
de gran importancia en la resolución de estos conflictos penales 23 . Se apreciaba diversos
niveles de aceptación entre los operadores sobre las salidas alternativas y la aplicación de
las mismas, que a su vez, tenían fuertes limitaciones. Consideraban poco feliz la prohibición
de alcanzar acuerdos reparatorios entre víctima y victimario. La Ley 20.066 entrega el conocimiento
de las denuncias a dos tipos distintos de operadores dependiendo de la naturaleza
del hecho denunciados: jueces de familia o fiscales. Todo acto que no constituya delito debe
ser conocido en sede familiar, mientras que si las situaciones revisten caracteres de delito,
investigará el Ministerio Público. Los jueces de garantía, fiscales y defensores entrevistados
percibían que la violencia doméstica en cuanto conflicto penal era una cuestión ajena a la
sede judicial-penal, estimando que la mejor sede, era la familiar 24 . Mientras que algunos de
los jueces de familia consideraban que estos casos habían saturado la justicia de familiar,
sentían que la judicatura de familia no contaba con todas las herramientas y que se requería
18 Corte de Apelaciones de Coyhaique, Rol 139-2007. 22 de agosto de 2007.
19 Ibíd.
20 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Op. Cit.
21 Luisa Cabal, Julieta Lemaitre y Mónica Roa, Op. cit, p. 149.
22 Casas y Mera, Op. Cit.
23 Casas, Armisen, Dides et al. Op. Cit.
24 Ibíd.