Parapolítica - Corte Suprema de Justicia

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En concreto, los institutos referidos al impedimento, la recusación y el
cambio de radicación, se han entendido por antonomasia limitaciones jurídicas,
dada su condición, del principio en mención, dejando claro que para
ese efecto el legislador ha instituido causales taxativas de inhibición del
juzgador, sin posibilidad de extensión o aplicación analógica.
De esta manera, si se pretende hacer respetar en su esencia el principio,
cuando se tiene claro que constitucional y legalmente se ha establecido
previamente el organismo judicial encargado de adelantar la investigación
y juzgamiento de los aforados, a esas norma generales, impersonales y
abstractas, no se puede, a no ser que la pretensión sea abjurar de las bases
objetivas mínimas sobre las cuales se asienta el Estado social y democrático
de derecho, o convertir la definición en una mera entelequia, permitir
que la simple voluntad del investigado de renunciar a su curul, cuando con
ello se pretende evadir la competencia de la Corte, sirva de sustento suficiente
para el efecto.
Desde otra perspectiva, obsérvese que, como criterio básico de competencia
y de prolongación de la misma, a fin de evitar que el proceso discurra
por senderos de indeterminación en la materia, desde antaño, aunque con
mayor cobertura en el campo civil, se ha institucionalizado el concepto de
la perpetuatio jurisdictionis, entendido, según el criterio elemental consignado
en el diccionario de derecho (Vigésimo cuarta Edición, Editorial
Porrúa, 1997), como: “Efecto producido por el emplazamiento del demandado
consistente en sujetarlo a seguir el juicio ante el juez que lo emplazó,
siendo competente al tiempo de la citación, aunque después deje de serlo
en relación con el mismo, porque éste cambió de domicilio o por otro motivo
legal”.
A su turno, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte,
ha señalado sobre el particular (auto del 17 de abril de 1998, radicado
7102-98):
“En efecto, las circunstancias de hecho respecto de la cuantía del
asunto, del factor territorial, del domicilio de las partes y de su calidad,
existentes en el momento de admitirse una demanda civil,
son las determinantes de la competencia, prácticamente para todo
el curso del negocio y atendiendo el principio llamado de la “perpetuatio
jurisdictionis”, las modificaciones que posteriormente
puedan darse en relación con tales factores, con muy contadas
excepciones (…), no pueden determinar variación alguna en la
competencia, pues la ley procesal no les reconoce esa virtud”.