Parapolítica - Corte Suprema de Justicia

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gobierno de Salvador Allende, delito que todavía está pendiente de juzgamiento
en la propia Corte.
De esta manera, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia concluye
que los homicidios múltiples perpetrados el 11 de noviembre de 1988 en
la población de Segovia presuntamente son constitutivos de crimen de macrovulneración
(como los delitos de lesa humanidad, tales como persecución
política, el genocidio y/o concierto para delinquir), en los términos ya
definidos en esta providencia, y como tal, no opera a favor de los autores
o partícipes que no han sido juzgados y decidida en forma definitiva su
responsabilidad, el fenómeno de la prescripción, por tratarse de un delito
de lesa humanidad imprescriptible.
Es necesario desde ahora - sin que ello implique de ninguna manera la determinación
anticipada de la responsabilidad penal del procesado-, como
se desprende del auto que ordenó la apertura de instrucción en su contra,
que en el eventual caso de ser procedente jurídica y fácticamente la imposición
de sentencia condenatoria, la pena correspondiente deberá consultar
el principio de legalidad, de raigambre constitucional, que corresponde a la
normatividad penal vigente al momento de la comisión de los hechos.
Incluso en el ámbito de competencia de la Corte Penal Internacional, ello,
sin embargo, no supone un tratamiento diferente al previsto en nuestro ordenamiento,
puesto que las penas a imponer por los crímenes de competencia
de la Corte Penal Internacional son en todo caso determinadas y
respetan el principio de legalidad de la pena que hace parte del derecho al
debido proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la
Constitución Política.
En adición a lo anterior, la Corte Suprema de Justicia de la República de
Colombia retoma la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en cuanto a que la prescripción de la acción penal no puede operar
válidamente para generar impunidad en los delitos de lesa humanidad,
y concluye que darles validez a las normas de prescripción en estos casos
sería una violación de la obligación del Estado, en especial en la máxima
autoridad de la Rama Judicial del poder público de garantizar los derechos
humanos consagrados en los instrumentos internacionales referidos en esta
decisión.