Parapolítica - Corte Suprema de Justicia

289
O como lo ha explicado con mayor precisión la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, dentro de la sentencia fechada el 1 de julio de 2006,
emitida con ocasión del caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia, al
señalar que:
“En otras oportunidades, tanto este Tribunal como la Corte Europea
de Derechos Humanos han señalado que los tratados de
derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación
tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones
de vida actuales. Tal interpretación evolutiva es consecuente
con las reglas generales de interpretación consagradas en el artículo
29 de la Convención Americana, así como las establecidas
por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
En este sentido, esta Corte ha afirmado que al dar interpretación
a un tratado no sólo se toman en cuenta los acuerdos e instrumentos
formalmente relacionados con éste (inciso segundo del
artículo 31 de la Convención de Viena), sino también el sistema
dentro del cual se inscribe (inciso tercero del artículo 31 de dicha
Convención)”. (Subrayas fuera de texto).
Ahora bien, se resalta de la mano de la doctrina la mención al antecedente
reconocido como el primer caso fallado en nuestro país descrito o asimilado
al genocidio, que fue ―la matanza de menores pertenecientes a determinado
grupo social en Medellín, en el barrio Villa-Tina, en diciembre
de 1992, suceso en el cual la Procuraduría Delegada para la Defensa de
los Derechos Humanos sancionó disciplinariamente a funcionarios de la
Policía Nacional como responsables del genocidio. Entre 1997 y 1998 se
adelantaba investigación en la misma Procuraduría por el genocidio contra
militares del grupo político Unión Patriótica, cuyo saldo de víctimas supera
las 3.000 personas 182 .
En conclusión, al tratarse de uno de los principios del derecho internacional
y que debe ser ejecutado por todos los Estados, independientemente de
su adhesión o no al Convenio referido, es inadmisible predicar la operancia
de la prescripción como mecanismo de salvamento para detener, terminar o
evitar el inicio de una investigación relacionada con la comisión de crímenes
graves contra los Derechos Humanos y la humanidad en sí, como es el
a BERNAL CUÉLLAR, Jaime. “Bloque de Constitucionalidad y derecho Penal”,
en El funcionalismo en derecho penal. Libro homenaje a Günther Jakobs, Bogotá,
Universidad Externado de Colombia, 2003, p.195 y 201.
182 Gómez López, Jesús Orlando. El Delito de Genocidio. Ediciones Doctrina y Ley.
Bogotá D.C. Colombia. 2003, pág. 63.