Parapolítica - Corte Suprema de Justicia

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Estado corresponde un modelo de derecho penal y por eso la teoría de la
defensa social muy propia de la época fundaba el injusto y la pena en el
concepto de peligrosidad, de manera que por esa razón la sola entrega del
dinero o de la utilidad como tema ético fundamentaba el injusto, por fuera
de la afección al bien jurídico.
Ahora, por el modelo de Estado, el injusto lleva implícita no la idea de peligrosidad
del sujeto, sino de la conducta. En consecuencia, tratándose del
injusto de cohecho, debe existir una relación de imputación directa entre la
entrega del dinero y el riesgo de que la imparcialidad en la toma de decisiones
se vea afectada a la hora de decidir el asunto sometido al conocimiento
del funcionario sobre la base del respeto al interés general.
En ese sentido, debe entenderse lo expuesto por la Sala cuando en cercana
decisión señaló que es presupuesto de la prohibición,
“Tener bajo su conocimiento y pendiente por resolver, asunto
en el que tenga interés por sus resultados el particular que hace
el regalo, entrega el dinero, la dádiva o cualquier otra utilidad,
pues así expresamente no se anuncie la intención que anima a
ofrecer de una parte y a recibir de otra, de todas maneras, el
interés oculto de una situación favorable a los intereses particulares,
y la percepción pública del favoritismo, se mantienen,
poniendo en tela de juicio la imparcialidad y transparencia con
que debe actuar la administración en la definición de los asuntos
a su cargo.” 284
En esa línea de argumentación, se debe matizar la jurisprudencia para indicar
que la percepción pública del favoritismo no es el fundamento de la
antijuridicidad 285 , sino, como con acierto lo señala la defensa, tratándose
del delito de cohecho impropio, la imparcialidad en la toma de decisiones
públicas en las que está en juego la noción de interés general como
284 Corte Suprema de Justicia, sentencia de casación del 24 de enero de 2001, radicado
13.155, que se reitera en la sentencia de única instancia del 6 de mayo de 2009,
radicado 23.924.
285 “El ius puniendi, por su naturaleza extrema, no puede disponerse para aislados quebrantamientos
de deberes profesionales o para la protección de una vaga pureza
de la administración pública, pues ello se traduciría en una visión totalitaria de la
actividad administrativa, sino que es preciso establecer que la conducta juzgada
pone en riesgo concreto los procedimientos que los miembros de la sociedad tienen
para resolver sus conflictos.” Corte Suprema de Justicia, sentencia del 15 de mayo
de 2008, radicado 29.206