Parapolítica - Corte Suprema de Justicia

275
esenciales de un grupo con el fin de eliminarlo” 167 . “Ese plan sistemático
fue descrito por Lemkin en los siguientes términos: "El objetivo de tal plan
debe ser la desintegración de las instituciones políticas y sociales, la cultura,
el lenguaje, los sentimientos nacionales, la religión y la subsistencia
económica de grupos nacionales, así como la destrucción de la seguridad
personal, la libertad, la salud, la dignidad e incluso la vida de los miembros
de dichos grupos nacionales. El genocidio se dirige contra el grupo
nacional como tal, y las acciones ejecutadas contra los individuos de dicho
grupo se hacen por el solo hecho de pertenecer a dicho grupo nacional”.
(Subrayas fuera de texto).
En atención a esto, se tiene que la Convención para la prevención y Sanción
del delito de Genocidio, adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948, la cual entró en vigor el 12 de
enero de 1951 y fue aprobada por el Estado Colombiano mediante la Ley
28 de 1959 y ratificada el 27 de octubre del mismo año, es la norma que se
debe aplicar respecto de conductas constitutivas del delito allí sancionado
antes de la expedición de la Ley 589 de 2000 que creó el artículo 322A
del Decreto-Ley 100 de 1980, y no puede ser aceptable una postura que
afirme que la inexistencia de una ley interna que sancionara dicho delito
imposibilita la sanción del mismo, pues, es claro que tiene una razón de
ser el hecho de su consagración en un Tratado Internacional de Derechos
Humanos, recordándose que sus efectos y connotaciones son tan trascendentales
que afectan a toda la comunidad internacional, razón por la cual,
esa demora entre la firma, aceptación, aprobación e inclusión del Tratado al
derecho interno y la expedición de una Ley interna (alrededor de 41 años y
casi 9 años desde la Constitución de 1991) que cumpla con las exigencias
allí contenidas no puede ser óbice para que las sanciones previstas en dicho
instrumento internacional no se puedan aplicar a un caso concreto en el que
se comete una conducta constitutiva de delitos allí sancionados.
Para mayor claridad conceptual se tiene que “denota el crimen internacional
constituido por la conducta atroz de aniquilación sistemática y deliberada
de un grupo humano con identidad propia mediante la desaparición de
sus miembros” 168 . He aquí la razón de ser por la cual, desde hace décadas
se le ha catalogado como un crimen de lesa humanidad.
167 Ibídem.
168 Corte Constitucional, sentencia de constitucionalidad No. 177 de 2001. En igual
sentido en la Sentencia de Constitucionalidad No. 148 de 2005.