Parapolítica - Corte Suprema de Justicia

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En igual sentido se pronunció la Corte Constitucional, mediante Sentencia
No. C-225 de 1995, en la que dispuso que:
“al tenor del artículo 53 de la Convención de Viena de 1969
sobre el derecho de los tratados, se entiende por norma ius cogens
o norma imperativa de derecho internacional general ―una
norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de
Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en
contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior
de derecho internacional general que tenga el mismo carácter”.
Esto explica que las normas humanitarias sean obligatorias para
los Estados y las partes en conflicto, incluso si éstos no han aprobado
los tratados respectivos, por cuanto la imperatividad de esta
normatividad no deriva del consentimiento de los Estados sino
de su carácter consuetudinario”. (Subrayas fuera de texto).
Tema que ha sido reiterado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
mediante sentencia de fecha 15 de septiembre de 2005, dentro del
caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia, al manifestar que
“la Corte reitera su jurisprudencia constante en el sentido de que
ninguna ley ni disposición de derecho interno puede impedir a un
Estado cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los
responsables de violaciones de derechos humanos. En particular,
son inaceptables las disposiciones de amnistía, las reglas de prescripción
y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad
que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables
de las violaciones graves de los derechos humanos – como
las del presente caso, ejecuciones y desapariciones. El Tribunal
reitera que la obligación del Estado de investigar de manera adecuada
y sancionar, en su caso, a los responsables, debe cumplirse
diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos
vuelvan a repetirse” 180 . (Subrayas fuera de texto).
180 Criterio tenido en cuenta por la Corte Constitucional Colombiana, también en la
sentencia No. C-580 de 2002, en el siguiente entendido: “Las obligaciones de investigar,
procesar y sancionar judicialmente los graves atentados en contra de los
derechos humanos internacionalmente protegidos, tales como la tortura, las ejecuciones
sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, son incompatibles
con leyes o disposiciones de cualquier índole que dispongan respecto de
estos delitos amnistías, prescripciones o causales excluyentes de responsabilidad.
Este tipo de leyes o disposiciones, por conducir a la indefensión de las víctimas y
a la perpetuación de la impunidad, conllevan una violación de los artículos 8 y 25
en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, y generan la responsabilidad internacional del Estado. Además, por esas