Parapolítica - Corte Suprema de Justicia

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y el Bloque Norte del grupo ilegal. Recientemente, la Corte encontró que
el ex Senador Álvaro García Romero, en calidad de autor mediato, ordenó
la masacre de Macayepo ocurrida entre el 9 y el 16 de octubre de 2000. La
condena demuestra cómo, en su calidad de parlamentario, García Romero
se encontraba en la cúpula de la estructura paramilitar y desde allí ordenaba
la ejecución de hechos delictivos y utilizaba su investidura para lograr
que el Ejército Nacional despejara las zonas por las que incursionaban las
tropas paramilitares.
Como es natural, los procesos de la llamada “parapolítica” han sido objeto
de fuertes críticas que condensan argumentos jurídicos y políticos. Una vez
la Corte inició sus actuaciones los servidores públicos, con fundamento en
presuntas violaciones al debido proceso, decidieron renunciar a sus cargos
y, en consecuencia, pretendían extinguir el fuero que otorgaba competencia
a la Sala de Casación Penal. En septiembre de 2009 la Corte aclaró
que, según el mandato constitucional del artículo 235, el fuero se mantiene
“para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas”,
resaltando la relación del delito con la función pública. La Corté
aclaró que esta relación tiene lugar cuando: la conducta punible se origina
en la actividad parlamentaria, es su necesaria consecuencia, o el ejercicio
de la función propia del congresista se constituye en medio y oportunidad
propicia para la ejecución del punible. Lo anterior permitió que la mayoría
de las investigaciones y los juicios se retomaran por parte de la Corte,
como correspondía en derecho. Sin embargo, existen aún contradictores
que consideran que el fundamento de la decisión es político y no alcanzan
a ver el contenido jurídico y el fundamento analítico sobresaliente que realiza
la Corporación sobre la utilización e infiltración del aparato criminal
en la rama legislativa del poder público.
Indudablemente estos son grandes pasos en el proceso de lucha contra la
impunidad y en la comprensión de dinámicas que explican los fenómenos
de la violencia que se presentan en distintas regiones del país. Sin embargo,
existen retos que demandan de los operadores de justicia, y de la comunidad
jurídica en general, estudio y reflexión con el fin de que, como producto
de las investigaciones y sentencias, se fortalezca el Estado de derecho.
Argumentos que no son menores, esbozados por abogados defensores y
por críticos políticos dejan ver que es necesario trabajar para mejorar la
solidez de los trámites y las decisiones. En primer lugar, es claro que el
derecho al recurso es un presupuesto básico del derecho a la defensa y del
debido proceso que debe ser garantizado en los casos en los cuales se debate
la responsabilidad penal, aún cuando quien la determina es el órgano de