Parapolítica - Corte Suprema de Justicia

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La Constitución Política de Colombia de 1991, expresamente
prohíbe las penas imprescriptibles.
b. El crimen por motivos políticos en el derecho internacional
Lo primero, se ha dicho hasta el momento que el crimen de genocidio se
positivizó a nivel internacional con la suscripción y entrada en vigor de la
Convención para la Prevención y Sanción del delito de genocidio, en la
cual se consagran unas razones por las cuales el mismo se puede cometer;
esto es, “con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo
nacional, étnico, racial o religioso”, pero no se estableció la pertenencia a
un grupo “político”, razón por la cual se presenta, en principio, un grave
impedimento para predicar la existencia de un genocidio cuando el mismo
se comete con la intención de atacar un grupo o a un miembro del mismo
con dichas calidades o por la pertenencia a aquél.
Al respecto deben recordarse las reglas de interpretación de los tratados
internacionales consagradas en la Convención de Viena de 1969, aprobada
por la Ley 32 de 1985, ratificada el 10 de abril de 1985 y en vigor para Colombia
desde el 10 de mayo de 1985, donde se estableció que los tratados
internacionales constituyen los parámetros generales y mínimos de protección
de derechos y de los principios de derecho internacional, los cuales
deben ser desarrollados de forma específica por cada uno de los Estados,
lo que no es óbice para ampliar el umbral de aplicación cuando, de forma
general, se cumplen todos los requisitos que en dichos Tratados y Convenios
se han determinado.
Lo anterior se traduce, para efectos de los crímenes de especial connotación
internacional, en que la categorización o denominación que se le dé a
un específico grupo no es lo determinante para la adecuación típica como
crimen de tal jaez, sino la finalidad de destruir el mismo o a alguno de
sus miembros por el hecho de pertenecer a aquél, razón por la cual, si al
momento de hacer la tipificación se puede determinar que se reúnen todos
los requisitos para predicar que se presenta una “conducta atroz de aniquilación
sistemática y deliberada de un grupo humano con identidad propia
mediante la desaparición de sus miembros” 176 , es fácilmente colegible que
constituye un delito de lesa humanidad.
176 Corte Constitucional, sentencia de constitucionalidad No. 177 de 2001. En igual
sentido en la sentencia de constitucionalidad No. 148 de 2005.