Parapolítica - Corte Suprema de Justicia

Por esa razón, en términos de la Sala de Casación Penal,
“el bien jurídico constituye la única instancia legitimante del poder
punitivo en el Estado social de derecho, en el cual, además, la
jurisdicción penal tiene como función esencial la protección de tales
intereses, de manera que el legislador no puede establecer como
delitos conductas que no los afecten y, por su parte, los jueces tampoco
están facultados para imponer sanciones si no se presentan
como presupuestos legitimantes de la concreta actuación del poder
punitivo estatal, el bien jurídico y la ofensa que en un evento determinado
lo lesione o ponga en peligro.” 205
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Al lado de la criminalización primaria, la teoría del bien jurídico alcanza su
mayor rendimiento en la fase de aplicación de normas penales y concretamente
al apreciar el principio de lesividad y la categoría de antijuridicidad
material. Desde ese punto de vista, si se asume que el bien jurídico es una
síntesis de relaciones sociales prejurídicas y dialécticas que se constituyen
en presupuesto de legitimidad de la intervención penal, es posible señalar
que sólo en donde existe alteridad o interferencia bien sea por lesión o riesgo
del bien jurídico se puede hablar de la posibilidad de que una conducta
realice un tipo de injusto como fórmula que recoge “el conjunto de características
que fundamentan la antijuridicidad de una acción.” 206
Por esas razones que enseñan que el bien jurídico es producto de relaciones
históricas y políticas, es precisamente que la Sala ha considerado que
las afectaciones al bien jurídico no se materializan en “en abstracto ni en
el vacío sino en la praxis en situaciones de interrelaciones en las que se
produzca un resultado de menoscabo o conato de lesión de los derechos o
intereses de otro o de otros.” 207 De este modo, desde luego que en todos
los casos, pero con más urgencia frente al examen de conductas descritas
en tipos penales con una alta carga de ingredientes normativos que definen
el contenido del injusto y el proceso de interferencia con el bien jurídico,
es posible sostener que la conducta que se reputa de ilícita justifica la intervención
penal en la medida que con ella efectivamente se genere un riesgo
concreto o lesione la relación social que el tipo penal protege. 208
205 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación penal, sentencia del 18 de noviembre
de 2008.
206 Velásquez Velásquez, Fernando. Derecho penal, parte general, cuarta edición,
Comlibros, pag. 553.
207 Corte Suprema de Justicia, sentencia del 8 de julio de 2009, radicado 31.531.
208 El artículo 11 del Código Penal de 2000, define la antijuridicidad como la efectiva
lesión o puesta en riesgo de un bien jurídico concreto.