Parapolítica - Corte Suprema de Justicia

Si bien en el pasado la Corte describió algunos de los mecanismos
disponibles para los altos funcionarios aforados que fueran
afectados por una sentencia condenatoria, 17 en el asunto bajo
revisión, no se referirá a ellos ni examinará si son suficientes,
como quiera que este asunto no fue objeto de demanda.
El principio de la doble instancia en el derecho internacional de
los derechos humanos y el sentido y alcance de los de los derechos
a recurrir el fallo condenatorio ante “tribunal superior”.
El principio de la doble instancia se encuentra consagrado tanto
en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto
de San José) como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos.
En materia penal, el artículo 8 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Pacto de San José), dispone que:
“Garantías judiciales. (...) 2. Toda persona inculpada de delito
tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca
legalmente su culpabilidad. Durante el proceso toda persona
tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías
mínimas: (...) h) Derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal
superior”.
A su vez, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos establece que:
de lo que la misma Carta ha calificado como “máximo tribunal de la jurisdicción
ordinaria”. En igual sentido, esta Corporación comparte los argumentos expuestos
por el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuando, a propósito del análisis
de constitucionalidad del numeral que se revisa, y en particular respecto de los
fundamentos para determinar como de única instancia los procesos de juzgamiento
a funcionarios con fuero constitucional, señaló: “De igual forma, si se acude al fundamento
de la doble instancia como sistema concebido para disminuir los riesgos
que consigo lleva la falibilidad humana, se aprecia que ésta es ineluctable, pero que
precisamente se procura que la segunda instancia esté a cargo de un órgano más
versado, docto y especializado en la ciencia específica, lo cual resulta francamente
inconsecuente cuando la decisión de quienes han sido escogidos como expertos
en la matera, pasa a ser revisada por funcionarios cuya versación y entrenamiento
no son los mismos”. Así las cosas, al suponerse que el recurso de apelación contra
sentencias, medidas cautelares, providencias y autos interlocutorios que profiera un
funcionario judicial, implica que un juez de mayor grado revisará esas decisiones,
y al haberse establecido que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia no es
superior jerárquico de la Sala Casación Penal, se hace entonces necesario declarar
la inexequibilidad del numeral 6o del artículo 17.”
17 Corte Constitucional, sentencia C-142 de 1993, precitada.
47