Parapolítica - Corte Suprema de Justicia

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caso del genocidio de lesa humanidad. Razón por la cual, aunque el Estado
Colombiano no ratificó el Tratado mencionado, ello no es óbice para reconocer
que respecto de los delitos de lesa humanidad -como el pluricitado
genocidio- no opera la prescripción, esto es, deben ser investigables en
cualquier tiempo.
d. La Constitución Política de Colombia de 1991, expresamente prohíbe
las penas imprescriptibles
Conforme al inciso final del artículo 28 de la Constitución Política de Colombia
es claro que se prohíben en nuestro ordenamiento, las penas imprescriptibles,
al establecer que “En ningún caso podrá haber detención,
prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.”
(Subrayas fuera de texto).
Al respecto, debe rescatarse lo expuesto por la Fiscalía 51 Delegada ante
el Tribunal Superior de Bogotá, en la decisión de segunda instancia por el
delito de homicidio agravado en contra de Miguel Alfredo Maza Márquez,
fechada el 22 de diciembre de 2009, en donde, retomando lo definido por
la Corte Constitucional en la Sentencia No. C-580 de 2002, indicó que “…
la imprescriptibilidad de la acción penal por el delito de lesa humanidad en
mención, no vulnera el citado precepto Superior 183 , pudiendo el legislador,
al adecuar las normas al correspondiente Tratado, establecer la imprescriptibilidad
de la acción penal por dicho delito (no de la pena cuya prohibición
del precepto Superior a la misma consideró intangible)”.
La Corte Constitucional, dentro de la sentencia que se acaba de referir,
expuso:
“Si bien tiene un alcance restringido como mecanismo para la
protección de la libertad personal, ampliar la prohibición de imprescriptibilidad
de las penas a las acciones penales es una garantía
del debido proceso frente a la posibilidad de que el estado
ejerza de forma intemporal el ius puniendi. Sin embargo, esta
garantía no puede ser absoluta. Su alcance depende del valor
constitucional de los intereses protegidos mediante la acción penal
específica frente a la cual se pretenda oponer.
Dependiendo del delito que pretenda juzgar, al iniciar una acción
penal el Estado busca proteger intereses de diverso valor
183 Refiriéndose al artículo 28 de la Constitución Política de Colombia.