Parapolítica - Corte Suprema de Justicia

442
obligación que todo Estado parte en la Convención Americana
debe satisfacer, tanto respecto a los familiares de las víctimas
como a la sociedad en general. Tales obligaciones surgen fundamentalmente
de lo dispuesto en los artículos 1(1), 8(1), 25 y 13
de la Convención Americana.
143. Como se ha señalado en el presente informe, el artículo
1(1) de la Convención Americana establece que los Estados Partes
se obligan a respetar los derechos consagrados en ella y a
garantizar su libre y pleno ejercicio. Esta obligación implica,
según la Corte Interamericana, el cumplimiento de verdaderas
obligaciones de hacer por parte de los Estados que permitan una
eficaz garantía de tales derechos. Como consecuencia de ello, el
Estado salvadoreño tiene el deber jurídico de prevenir, razonablemente,
las violaciones de los derechos humanos, investigar
con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido
dentro del ámbito de su jurisdicción, identificar a los responsables,
imponerles las sanciones pertinentes y asegurar una
adecuada reparación a la víctima o a sus familiares.
144. La Convención Americana protege el derecho a acceder y
a recibir información en su artículo 13. El derecho a la verdad
es un derecho de carácter colectivo, que permite a la sociedad
el acceso a información esencial para el desarrollo de los sistemas
democráticos. Al mismo tiempo, es un derecho particular
de los familiares de las víctimas, que permite una forma de reparación,
especialmente ante la aplicación de leyes de amnistía.
En tal sentido, cabe recordar los términos del memorial amicus
curiae presentado en un caso que la CIDH sometió a la Corte
Interamericana:
El Derecho a la Verdad se encuentra íntimamente ligado a la
obligación asumida por los Estados de hacer cumplir las obligaciones
estipuladas en los instrumentos convencionales de
protección de los derechos y las libertades fundamentales a los
cuales voluntariamente se han sometido. Es indudable que los
familiares de las víctimas tienen el derecho a que toda investigación
que se realice sea exhaustiva para que ellos conozcan la
verdad sobre el destino de sus seres queridos y las circunstancias
por las que han atravesado, así como la difusión pública
de la identidad de los responsables directos de las violaciones a
los derechos humanos que aquellas hayan sufrido. Asimismo,
la verdad es imprescindible para poder efectuar una valoración
adecuada de la compensación que engendra la responsabilidad
por violaciones a los derechos humanos. No obstante, la obligación
que tiene el Estado de garantizar el Derecho a la Verdad