Parapolítica - Corte Suprema de Justicia

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conducta de concertarse para promover grupos armados al margen de la ley
por la cual se le llamó a juicio y que se encuentra consagrada en el inciso 2º
—parte final— del artículo 340 del Código Penal, con pena de 6 a 12 años
de prisión y multa de 2.000 a 20.000 salarios mínimos legales vigentes.
Y es la norma que se aplicará para fijar las penas privativa de la libertad
y de multa por ser la más favorable de las que rigieron el presente caso,
referido a hechos acontecidos entre 1997 y 2000, incluida la reciente Ley
1121 de 2006, como producto de la cual no dejó de ser delictiva la conducta
imputada, según ha dicho la Corte en distintos pronunciamientos. En
providencia del 4 de octubre de 2007, por ejemplo, se precisó que con la
expedición de tal normativa el legislador:
(…)
• Modificó el artículo 345 del Código Penal para darle autonomía típica
a los comportamientos individuales de “promover, organizar, apoyar,
mantener, financiar o sostener económicamente a grupos armados al
margen de la ley o a sus integrantes”.
• Que con la modificación introducida al inciso 2º del artículo 340 del
Código Penal no suprimió el concierto para organizar, promover, armar
o financiar grupos armados al margen de la ley, sino que englobó esas
conductas en el nomen juris del tipo penal que les dio autonomía, es
decir, el de “financiación del terrorismo y administración de recursos
relacionados con actividades terroristas”.
(…)
Es claro, pues, que era y sigue siendo posible punir los acuerdos encaminados
a promover grupos armados al margen de la ley, que es la imputación
que se le formuló en la acusación al doctor MORRIS con arreglo al inciso
2º original del artículo 340 del Código Penal, el cual servirá de marco legal
para la determinación de la pena por resultar más favorable que la disposición
de la Ley 1121 que la sustituyó. Esta, ciertamente, fijó prisión de 8
a 18 años y multa de 2.700 a 30.000 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, al tiempo que la derogada establecía prisión entre 6 y 12 años y
multa entre 2.000 y 20.000 salarios mínimos.